La Comisión Europea ha abierto nuevamente dos expedientes de infracción contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria en relación con la prórroga de la Autopista AP-9. Este hecho plantea importantes desafíos legales y financieros para el Gobierno español, que ahora dispone de dos meses adicionales para responder y subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas.
La prórroga de la concesión y la adaptación de la Autopista AP-9 a la normativa europea son los ejes centrales de este procedimiento de infracción. La Comisión Europea alega que España no ha respetado adecuadamente el ámbito de aplicación de la Directiva sobre contratos públicos, en particular en lo que respecta al tipo de poderes adjudicadores, los contratos y las modificaciones que deben cubrirse.
Incumplimiento de la Normativa Comunitaria
El Gobierno español afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, lo que infringe las normas de la Unión Europea. Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
La Asociación de Consumidores En Colectivo fue la que presentó en 2019 una denuncia ante la Comisión Europea, dando paso a la apertura de este procedimiento de infracción. En su denuncia, la Asociación argumentaba que los Reales Decretos que conceden prórrogas a Audasa para la explotación de la Autopista AP-9 hasta 2023 y 2048 incumplen diversas Directivas de la Unión Europea.
Implicaciones y Soluciones Potenciales
La Comisión Europea busca garantizar el respeto de la regulación comunitaria sobre concesiones, que establece la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
Si el Gobierno español no logra subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas, la Comisión Europea podría decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto podría tener graves consecuencias financieras y legales para el país.
Para evitar esta situación, el Gobierno debe responder adecuadamente a la Comisión Europea durante los dos meses adicionales concedidos, demostrando que ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con la normativa comunitaria. Solo así podrá evitar mayores sanciones y lograr una solución satisfactoria para la prórroga de la Autopista AP-9.
