Cercle d’Economia rechaza la regulación de precios de alquiler en Cataluña: las razones

El Cercle d’Economia, una importante institución económica en Barcelona, ha emitido una nota de opinión criticando la aplicación de la regulación de precios de alquiler en Cataluña. Según la institución, esta medida tiene «efectos muy perniciosos» a corto plazo, como la desincentivación de la oferta de alquileres y el aumento de modalidades informales como los alquileres de temporada.

La institución considera que es «muy probable» que los agentes privados del sector inmobiliario trasladen los costes provocados por la normativa a los arrendatarios o que dejen de participar en el mercado, lo que reduciría la oferta de alquileres. Además, critican que la medida no discrimina según la capacidad de los arrendatarios, aplicándose de forma generalizada.

Propuestas del Cercle d’Economia

Alquiler Concertado

En el corto plazo, el Cercle d’Economia aboga por impulsar un «alquiler concertado» que esté subvencionado para familias desahuciadas o en riesgo de estarlo, en sustitución al pago de pensiones y otros alojamientos. Bajo esta propuesta, grandes y pequeños propietarios cederían las viviendas a la administración por un importe inferior al precio del mercado, mientras que el sector público facilitaría estas viviendas a las familias por el importe que puedan pagar y asumiría la diferencia.

Otras Medidas Propuestas

Adicionalmente, el Cercle d’Economia reclama:

  1. Un mecanismo de garantías públicas al cobro de los alquileres.
  2. Facilitar y agilizar el cambio de usos de locales u oficinas a viviendas.
  3. Que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) deje de vender sus inmuebles y los destine al alquiler social.
  4. Aumentar la oferta de suelo edificable.

Visión a Medio Plazo

A medio plazo, el Cercle d’Economia llama a ceder suelo público a promotores privados durante un periodo largo de tiempo para que construyan vivienda protegida, y a habilitar ayudas para ello.

En general, la institución considera que las políticas de vivienda deben ser abordadas a través del gasto público, en lugar de la regulación, y deben tener una «mirada larga» y perdurar en el tiempo, ya que la situación de acceso a la vivienda no se solucionará a corto plazo.