Wayne Griffiths abandonó el pasado jueves la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), decisión motivada, según sus palabras, en la «inacción del Gobierno en favor de la electrificación». El de la movilidad sostenible se une así a la larga lista de sectores exasperados por el atasco en las políticas descarbonizadoras de un Gobierno que proclama a los cuatro vientos su compromiso con la sostenibilidad.
PROMESAS INCUMPLIDAS EN MOVILIDAD ELÉCTRICA
La poca infraestructura con que cuenta en nuestro país el parque de coches eléctricos no ha encontrado un apoyo eficaz en el Ejecutivo, según Griffiths, sino más bien un rosario de desplantes y brindis al sol. «En diciembre renové como presidente de Anfac porque el Gobierno se comprometió a ser un aliado del sector, y a poner en marcha rápidamente medidas concretas y eficaces» -recuerda- «En el Foro Anfac del pasado mes de febrero, el presidente del Gobierno también se comprometió a revisar el Plan Moves y a impulsar la infraestructura de recarga». Medidas que no es que llegaran tarde, sino que «no han llegado».
El ya expresidente de la patronal de fabricantes de vehículos se muestra «decepcionado», porque «ahora toca acelerar, no frenar». Y también sostiene que España «tiene que mejorar la infraestructura pública de recarga y facilitar la compra de coches electrificados con un verdadero plan de incentivos fiscales que permita cobrar la ayuda en el momento de la compra».
A FINALES DE MAYO, LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE LA INDUSTRIA -AEDIVE, FACONAUTO Y LA PROPIA ANFAC- enviaron una carta conjunta al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo un «paquete de medidas para acelerar la transición energética de la automoción»
Según el barómetro de electromovilidad de Anfac, en 2023 la penetración del vehículo electrificado se situó en España en 21,5 puntos, lo que deja a nuestro país en el furgón de cola de la Unión Europea (UE), solo por delante de Italia (19,5 puntos), Hungría (17,8) y República Checa (14,7). La media del continente está en 40,4 puntos sobre 100.
«El objetivo de que España esté por encima del 25% de cuota de vehículos electrificados está más lejos ahora que hace un año» -lamentó Griffiths tras dejar su cargo- «En lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás», ha acusado Griffiths».
La salida de Griffiths podría calificarse como la ‘crónica de una muerte anunciada’, habida cuenta de la creciente inquietud en el ámbito de la movilidad sostenible. A finales del mes pasado, las principales organizaciones de la industria, encabezadas por Aedive, Faconauto y la propia Anfac, enviaron una carta conjunta al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo un «paquete coherente de medidas para acelerar la transición energética y ecológica de la automoción» en nuestro país.
REDES ELÉCTRICAS: EL GOBIERNO NI INVIERTE NI DEJA INVERTIR
Ha hecho falta que el colectivo de empresas energéticas, electrointensivas y tecnológicas alcen su voz de forma unívoca para que el Ejecutivo accediera a abrir una consulta pública sobre la posibilidad de elevar el límite máximo de inversión en redes eléctricas. Y solo después de que los más ilustres líderes de esas industrias insistieran un sinnúmero de veces en multitud de foros nacionales e internacionales.
La regulación actual, que entró en vigor en 2013, establece un tope del 0,065% del Producto Interior Bruto (PIB) de España para el volumen anual de inversión de las redes de transporte de energía eléctrica y del 0,13% para la distribución.
Hace tiempo que LAS ELÉCTRICAS reclamaN aumentar EL TOPE DE INVERSIÓN EN REDES, MEDIDA QUE EL SECTOR CONSIDERA IMPRESCINDIBLE para cumplir los designios europeos en transición energética
Hace tiempo que las compañías energéticas más relevantes reclaman aumentar este límite, lo cual constituye, según sus argumentos, condición sine equa non para cumplir los designios europeos en transición energética y para aprovechar la oportunidad de reindustrialización que ofrecen las energías renovables.
Tanto José Bogas, CEO de Endesa, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, han expresado reiteradamente su preocupación al respecto, lo que ha tenido su respaldo institucional en el discurso de la patronal de ambas compañías: la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). Aelec remarcó el pasado abril que la falta de desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España impide que la industria patria pueda beneficiarse de las bajadas de la luz, lo que perjudica gravemente la competitividad.
EL PLAN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA HA LEVANTADO AMPOLLAS EN LA INDUSTRIA, QUE CONSIDERA LAS DOTACIONES TOTALMENTE INSUFICIENTES; Y EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO, PUES EXCLUYE A LOS CENTROS DE DATOS DE LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO
Y por si no fuera suficiente con las cortapisas a la inversión privada, por el lado público el gasto es insuficiente y mal dirigido. Las carencias del Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 han levantado ampollas en áreas tan relevantes para el presente y futuro como la industria y los centros de datos.
El pasado 16 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, que elevaba a 73 las actuaciones finalmente previstas y a 489 millones de euros la inversión asociada a ellas.
No obstante, esta cifra se quedaba muy corta con respecto a la alta demanda procedente de la industria, que sigue reclamando 6.000 megavatios (MW) más de proyectos de electrificación para poder hacer frente a la demanda. Fuentes del sector eléctrico alertan de una potencial pérdida de 60.000 millones de euros.
Además, el plan excluye a los centros de datos de los proyectos de red a desarrollar e implementar, por lo que esta industria se queda fuera de la previsión de las necesidades energéticas futuras y de las actuaciones que es necesario llevar a cabo para asegurar su debida atención.
La asociación española del ramo (Spain DC) ha puesto el grito en el cielo, exigiendo al Ejecutivo que corrija de inmediato esta decisión, por muchas y variadas razones. La más notable de ellas es que se trata de una industria esencial no solo para el futuro y la transición ecológica, sino para el mismo presente económico y laboral de nuestro país.
LA LENTITUD REGULATORIA ‘ECHA’ A SHELL DE LA EÓLICA MARINA
La eólica marina es una de las fuentes de energía renovable más en boga y en la que se están cociendo algunos de los proyectos más ambiciosos (que se lo pregunten a Iberdrola). Por consiguiente, es una pésima noticia que una de las multinacionales más importantes del mundo haya desistido de cualquier desarrollo de este tipo en España, hastiada por unos trámites normativos que avanzan a paso de tortuga.
Hablamos, por supuesto, de Shell, que ha abandonado el escenario de la energía de viento offshore de nuestro país dejando compuesta y sin socio a Capital Energy, compañía con la que habían firmado una alianza comercial para el desarrollo conjunto de proyectos en aguas de soberanía española y portuguesa.
Bien es cierto que los nuevos planes estratégicos de Shell incluyen un retroceso en su negocio de eólica marina flotante. Sin embargo, esta variante tecnológica en aguas nacionales se ha visto entorpecida por el lento ritmo regulatorio y administrativo. La industria tuvo que esperar años para que el Ministerio de Transición Ecológica finiquitara el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que determina en qué zonas del litoral se pueden instalar turbinas; mientras que aún no han sido aprobadas las subastas públicas que deben dar luz verde a los proyectos empresariales en este sector.
