Naturgy lleva a cabo 44.000 actuaciones contra el fraude eléctrico

UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, abrió más de 12.400 expedientes por fraude eléctrico en 2023, casi el doble que la cifra registrada el año anterior. Estas operaciones se realizaron en el marco de la lucha de la compañía contra esta práctica.

Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250). En total, UFD llevó a cabo 44.000 actuaciones en el marco de estos expedientes durante el pasado ejercicio, que ampliaron notablemente la cantidad de energía recuperada respecto a 2022.

EN 2023, UFD RECUPERÓ 152 GW/H DE ENERGÍA CONSUMIDA POR CONEXIONES FRAUDULENTAS, EL EQUIVALENTE AL CONSUMO DE 47.000 FAMILIAS

En conjunto, la energía rescatada de consumos irregulares alcanzó un volumen de 152 gigavatios hora (GW/h), un 44% más que el año anterior. Esta cantidad, equivalente al consumo de 47.000 hogares, ilustra el compromiso de Naturgy con la persecución de esta práctica delictiva, que va en aumento.

Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GW/h, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas.

El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el déficit que provocan en el sistema eléctrico, asumido por el resto de los clientes a través de su factura.

EL FRAUDE ELÉCTRICO ES UN QUEBRANTO ECONÓMICO Y SOCIAL

El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema, ya que según la normativa en vigor el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red.

Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales, lo que implica que cada cliente tendrá que hacer frente a unos 70 euros anuales de media. Esta situación es aún más dañina para la competitividad industrial, ya que el beneficio para unos se acaba traduciendo en un incremento de costes para otro.

LAS CONEXIONES ILEGALES, ADEMÁS DE INCREMENTAR EL COSTE ELÉCTRICO PARA LOS CONSUMIDORES conectados legalmente a la red, SUPONEN UN GRAVE RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE TODOS

Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.

NATURGY PONE LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA LEGALIDAD

Los nuevos contadores inteligentes han supuesto un gran paso en la detección de fraude ya que agilizan su detección y la intervención, aunque no siempre depende de la distribuidora eléctrica. En ocasiones es necesaria, por ejemplo, una autorización judicial para acceder a la finca donde se detecta el robo.

«El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en UFD estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación», explica Mónica Puente, directora de UFD.

UN FENÓMENO EN AUMENTO

Las conexiones fraudulentas a la red gestionada por UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado.

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

UFD pone a disposición de los consumidores un canal de denuncia anónimo en su página web https://www.ufd.es/denuncia-de-irregularidades/ para recibir información ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una conexión ilegal a la red eléctrica o una manipulación del contador.