Después de mucho insistir en multitud de foros, el sector energético -y el industrial, y el tecnológico…- ha conseguido que el Gobierno se rinda a la evidencia y asuma la necesidad de aumentar el límite de inversión en redes eléctricas. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha abierto una consulta pública sobre el asunto previa a la modificación de la normativa en este área, cuyo plazo para presentar alegaciones comenzó ayer, martes 4 de junio, y concluirá el miércoles 3 de julio de 2024.
El sondeo tiene como finalidad recabar toda la información posible de cara al posible cambio de una normativa que, según los propios términos de la convocatoria, «fue establecida en un contexto económico y energético distinto al actual».
La regulación actual, que entró en vigor en 2013, establece un tope del 0,065% del Producto Interior Bruto (PIB) de España para el volumen anual de inversión de las redes de transporte de energía eléctrica y del 0,13% para la distribución.
LA OBSOLESCENCIA DE LA NORMATIVA DE REDES
Dicha regulación «estaba determinada principalmente por la necesidad de contener los costes del sistema eléctrico en un momento en el que la prioridad era asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en un contexto de menor dinamismo de la transición energética, en el que no se preveían necesidades de transformación para incorporar nuevas grandes demandas de generación o de consumo».
Más de una década después, el sector energético en general, y el eléctrico en particular, «se encuentran inmersos en una transformación estructural», en pleno despliegue masivo de las renovables y bajo la presión cada vez más intensa de la descarbonización de la economía. En este contexto, «puede resultar necesario revisar la regulación que establece la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, para acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad».
Por consiguiente, la eventual modificación de la norma persigue «actualizar el marco que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades», así como un desarrollo eficiente de las redes de transporte y distribución «minimizando el coste de los peajes para los consumidores».
RESPUESTA AL CLAMOR DEL SECTOR ENERGÉTICO
Todas estas cuestiones, que serán sometidas al cuestionamiento de los destinatarios de la consulta, han sido planteadas por los principales actores del sector en múltiples ocasiones. Hace tiempo que las compañías energéticas más relevantes reclaman aumentar el límite máximo de inversión en las redes eléctricas, lo cual constituye, según sus argumentos, condición sine equa non para cumplir los designios europeos en transición energética y para aprovechar la oportunidad de reindustrialización que ofrecen las energías renovables.
LA PATRONAL ELÉCTRICA, AELEC, remarcó el pasado abril que la falta de desarrollo de las redes en España impide que la industria se beneficie de las bajadas de la luz, lo que perjudica gravemente la competitividad
Tanto José Bogas, CEO de Endesa, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, han expresado reiteradamente su preocupación al respecto, lo que ha tenido su respaldo institucional en el discurso de la patronal de ambas compañías: la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). Aelec remarcó el pasado abril que la falta de desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España impide que la industria patria pueda beneficiarse de las bajadas de la luz, lo que perjudica gravemente la competitividad.
Por su parte, la Asociación para la Transición Energética (ATE) también se ha sumado a este clamor: que el objetivo del 81% de electricidad renovable para 2030 será «inalcanzable sin inversiones en redes eléctricas bajo una regulación estable». Esta organización sin ánimo de lucro defiende «la absoluta necesidad de que la transición energética sea algo más que un plan», subrayando como «imprescindible» disponer de una red eléctrica robusta que permita que la electricidad renovable llegue a todos los puntos de consumo que quieran electrificarse.
LA INDUSTRIA NECESITA MÁS ELECTRIFICACIÓN
A las muchas reservas expresadas por los gigantes corporativos y la patronal se suman otras fuentes internas del sector de la electricidad, que alertan de una potencial pérdida de 60.000 millones de euros causada por las carencias del Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.
La cifra de inversiones prevista en el Plan se queda muy corta con respecto a la alta demanda procedente de la industria, que sigue reclamando 6.000 megavatios (MW) más de proyectos de electrificación para poder hacer frente a la demanda.
La no inclusión de esa potencia en las proyecciones del Plan costará, según esas mismas fuentes, un lucro cesante de alrededor de 60.000 millones de euros que no engrosarán la riqueza nacional. Igualmente, los cálculos del sector advierten que esto impactará negativamente en la creación de puestos de trabajo, ya que estima que se podrían haber generado unos 30.000 empleos ligados a estos proyectos.
