España ocupa la octava plaza por la cola en la Unión Europea (UE) en cuanto a porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos, un pobre bagaje de electromovilidad que las principales organizaciones de la industria, encabezadas por Aedive, Anfac y Faconauto, están conjuradas para revertir. Estas tres entidades capitanean una plataforma sectorial que ha enviado una carta conjunta al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo un «paquete coherente de medidas para acelerar la transición energética y ecológica de la automoción» en nuestro país.
Los firmantes de la misiva representan la práctica totalidad del tejido empresarial en el ámbito de la electromovilidad: Arturo Pérez de Lucía, Director General de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Electromovilidad (Aedive); Fernando Miguelez León, Director General de Ganvam; Isabel Büschel, Directora de Transport & Environment España; José López-Tafall, Director General de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); Mario Rodríguez, Director Asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de Ecodes; Marta Blázquez Moreno, Presidenta de Faconauto; y Raquel Paule, Directora General de Fundación Renovables.
LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR DE LA ELECTROMOVILIDAD
Las organizaciones implicadas reclaman una política de Estado dirigida a impulsar la hasta ahora limitada penetración del coche eléctrico en el mercado español. Las reivindicaciones expresadas en el comunicado son las siguientes:
- Coordinación de todos los ministerios implicados a través de la Presidencia del Gobierno.
- Reformar la fiscalidad de los vehículos a través de medidas, como, por ejemplo, aquellas dirigidas al canal empresa, y las ayudas y subvenciones a la compra de vehículos eléctricos, teniendo en cuenta criterios ambientales, para que sean recibidas por el consumidor y empresas de forma directa, sencilla y previsible.
- Un Plan Nacional de Infraestructura de Recarga que aborde los problemas específicos de España, como podrían ser las áreas de baja densidad de población y el acceso a la recarga de la población urbana careciente de plaza privada de aparcamiento y crear un Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos encargado de la coordinación y la gobernanza.
- Implementación del mecanismo de eCredits antes de finales del año 2024.
- Una hoja de ruta para el sector de automoción de aquí al año 2035.
«El sector del automóvil supone para España cerca del 10% del PIB y del 9% del empleo, con un 90% de la producción dedicado a la exportación, siendo además el segundo país europeo en cuanto a fabricación de automóviles» -destaca la misiva- «Una realidad que contrasta con la decimonovena plaza (de 27 países europeos) que ocupó España en el año 2023 en cuanto a porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos, lo que supone un riesgo para el futuro».
REVERTIR EL ATRASO EN ELECTROMOVILIDAD
No obstante, continúa la carta, España se ha fijado como objetivo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ser líder en la electromovilidad y alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en el año 2030. Además, la UE ha establecido 2035 como fecha límite para comercializar vehículos que no sean de cero emisiones. Para ello, las organizaciones empresariales y ONG ecologistas consideran que nuestro país necesita actuar con urgencia y poner los medios necesarios para lograrlo.
Con estas premisas, la plataforma propone adoptar medidas fiscales que faciliten la penetración del vehículo eléctrico, siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea como Portugal. Esto permitiría además satisfacer la exigencia comunitaria de llevar a cabo una reforma fiscal en nuestro país.
LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES DE LA CARTA DIRIGIDA A PEDRO SÁNCHEZ APUESTAN POR MEDIDAS FISCALES QUE FACILITEN LA COMERCIALIZACIÓN DE COCHES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO AYUDAS «DIRECTAS E INMEDIATAS» AL CONSUMIDOR
Asímismo, las organizaciones empresariales firmantes de la carta abogan por que las ayudas al consumidor sean «directas e inmediatas».
Para las entidades promotoras de esta iniciativa, los esfuerzos para mejorar la infraestructura de recarga deben ir encaminados a agilizar los trámites para la instalación de cargadores públicos. Proponen, además, un sistema de «ventanilla única» y un plan similar al de Alemania o Gran Bretaña, haciendo especial hincapié en el diseño de soluciones para las zonas de baja densidad de población, así como a la población urbana sin plaza privada de aparcamiento.
Finalmente, estas asociaciones empresariales del sector de la automoción, junto con las organizaciones ambientales, coinciden en que promover la electromovilidad significa garantizar el trabajo actual y futuro de calidad y los nuevos empleos asociados a toda la cadena de valor.
En relación a este último aspecto, la misiva resalta «no solamente el empleo del propio sector de la electromovilidad (desde fabricantes de automóviles y componentes a concesionarios, talleres, etc.) sino también los demás sectores clave en esta transición y en el futuro del transporte como son: las empresas de movilidad, los fabricantes de cargadores, las empresas de distribución y operadores de energía eléctrica, los fabricantes de baterías, las empresas de procesado y reciclaje de materias primas, y no menos importante las múltiples empresas pequeñas que proveen y desarrollan servicios ligados al vehículo eléctrico (informáticos, técnicos, etc.)».
CARTA A UN GOBIERNO ‘INCOMPLETO’
El mensaje del sector, cuyo destinatario es el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, llega en un momento de transición para uno de los ministerios con más peso en el ámbito de la electromovilidad: el de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El pasado 24 de abril, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE decidió proponer a la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Teresa Ribera, como cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el 9 de junio.
Ribera ha acometido una profunda reestructuración de su departamento antes de marcharse a Bruselas, inaugurando una Dirección General de Energía, tres nuevos comisionados, cuatro subdirecciones generales adicionales y cinco divisiones. No obstante, ninguno de estos organismos está consagrado a la tarea específica de promover la electromovilidad o facilitar la implantación de las infraestructuras necesarias.
RIBERA HA REESTRUCTURADO SU MINISTERIO ANTES DE MARCHARSE A BRUSELAS: SE INCORPORAN AL MITECO una Dirección General de Energía, tres nuevos comisionados, cuatro subdirecciones generales adicionales y cinco divisiones
En concreto, la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía, pasará a ser Dirección General, al mismo nivel que la Dirección General de Políticas Energéticas y Minas. Sus funciones consistirán en desarrollar la planificación energética y la concepción de medidas para la eficiencia en la producción, el ahorro, distribución y consumo de energía.
Política Energética y Minas incorpora dos nuevas subdirecciones: la de Almacenamiento y Flexibilidad, y la de Infraestructuras e Integración del Sistema Energético. A la Subdirección General de Energía Nuclear se le asigna una nueva división de Coordinación Energética.
Además, habrá tres nuevos comisionados con rango de Subsecretaría, que reemplazarán al Comisionado unitario anterior. Se trata de los departamentos de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento; Ciclo del agua y Restauración de Ecosistemas; y, finalmente, el de Economía Circular.
