Continúan alzándose las voces que alertan de la insuficiencia de la planificación del Gobierno para el desarrollo de la infraestructura eléctrica. A las muchas reservas expresadas por los gigantes corporativos y la patronal se suman otras fuentes internas del sector de la electricidad, que alertan de una potencial pérdida de 60.000 millones de euros causada por las carencias del Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.
El pasado 16 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, que elevaba a 73 las actuaciones finalmente previstas y a 489 millones de euros la inversión asociada a ellas. No obstante, esta cifra se quedaba muy corta con respecto a la alta demanda procedente de la industria, que sigue reclamando 6.000 megavatios (MW) más de proyectos de electrificación para poder hacer frente a la demanda.
La no inclusión de esa potencia en las proyecciones del Plan costará, según esas mismas fuentes, un lucro cesante de alrededor de 60.000 millones de euros que no engrosarán la riqueza nacional. Igualmente, los cálculos del sector advierten que esto impactará negativamente en la creación de puestos de trabajo, ya que estima que se podrían haber generado unos 30.000 empleos ligados a estos proyectos.
EL GOBIERNO, SORDO ANTE LAS RECLAMACIONES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Estas mismas fuentes indican que el Gobierno está provocando que las empresas se vean obligadas a comunicar por carta a cientos de industrias que sus peticiones de acceso a la red no han sido aceptadas.
Así, subrayaron que esta situación está provocando «graves problemas», siendo el principal de ellos que «se está perdiendo industria en el país que quiere instalarse aquí por los precios tan competitivos de la electricidad, pero no puede ser conectada por esa falta de acceso». Además, el sector eléctrico advierte de que se está desaprovechando la energía renovable que tiene el país, «y la que ya está y puede ganar competitividad con los precios actuales de la energía».
«España tiene un alto recurso de sol y viento para generar esta electricidad, pero lo estamos desperdiciando porque no querer conectar a la industria», añadieron al respecto.
Los más de 6.000 megavatios en proyectos a los que el Plan deniega su acceso a la red representan oportunidades en industrias nuevas, como los centros de datos
El sector lleva meses señalando este problema y pide que «no se puede dejar colgados a quien quiere descarbonizarse y acceder a las renovables en España». Por ello, reclama adoptar medidas «ágiles y coherentes en todos los ámbitos», ya que consideran que la economía requiere «nuevos proyectos industriales estratégicos y el refuerzo de los existentes a través del acceso a las industrias a la energía renovable».
Asimismo, ya que el acceso a red electrica es un «elemento clave para reindustrializar el país y atraer nuevas inversiones», pide modernizar el proceso de planificación para asegurar la adaptabilidad de las redes en el nuevo contexto energético y permitir a la industria que forme parte de la transición energética.
La modificación de la planificación elevaba las actuaciones desde las 64 de la propuesta original hasta las 73 aprobadas, repartiéndose en 23 actuaciones para atender nuevas demandas de elevada potencia; nueve para almacenamiento y generación renovable -cuatro de ellas en nudos de transición justa-, tres para cubrir demandas de operación y 38 para atender necesidades surgidas en la ejecución de la planificación vigente.
LA PATRONAL SE SUMA A LAS CRÍTICAS
Recientemente, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), a través de su presidenta, Marina Serrano, también se ha sumado a las críticas. Serrano considera que la la decisión del Gobierno de ignorar a la industria supone «un freno a la reindustrialización de nuestro país».
«LAS EMPRESAS QUIEREN APROVECHAR LA OPORTUNIDAD QUE TIENE ESPAÑA DE ENERGÍA COMPETITIVA, PERO CON EL RECHAZO AL ACCESO A LA RED, PONEMOS UN FRENO A LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTRO PAÍS»
Marina Serrano, presidenta de Aelec
La presidenta de Aelec recuerda que Europa se encuentra en pleno proceso de impulso a su desarrollo industrial, para reforzar su independencia energética y avanzar en la descarbonización: «Los países de la Unión Europea (UE) están más que triplicando su inversión en redes hasta 2030, como es el caso de Italia y Francia», dice.
«Las empresas quieren participar en la transición energética, la electrificación y la digitalización de la economía» -afirma Serrano- «Quieren aprovechar la oportunidad que tiene España de energía competitiva, pero con el rechazo al acceso a la red, ponemos un freno a la reindustrialización de nuestro país».
UNA DE LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO, EXCLUIDA DEL PLAN
Los más de 6.000 MW que han visto denegado su acceso a la red representan oportunidades en industrias nuevas, como los centros de datos. Por ello, el sector eléctrico ha venido considerando la urgencia de cambiar la regulación en materia de distribución eléctrica.
Precisamente la asociación española de data centers, Spain DC, ha sido otro de los colectivos que ha manifestado su disconformidad con las proyecciones del Plan de Transporte Eléctrico. Y es que los centros de datos se han quedado fuera de la regulación.
A través de un comunicado hecho público a finales de abril, Spain DC puso el grito en el cielo ante esta exclusión. La organización exige al Ejecutivo que corrija de inmediato esta decisión, por muchas y variadas razones: la más notable de ellas es que se trata de una industria esencial no solo para el futuro y la transición ecológica, sino para el mismo presente económico y laboral de nuestro país.
«DEJAR A LOS ‘DATA CENTERS’ FUERA DEL PLAN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ES UN ERROR QUE PONE EN PELIGRO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ESPAÑA»
Spain DC
Spain DC resalta que ninguna de las alegaciones presentadas a la propuesta de modificación puntual del plan ha sido aceptada por el Ministerio para la Transición Ecológica, «sin que conste ninguna explicación que justifique este rechazo», critican.
A juicio de Spain DC, la industria de los centros de datos es «esencial» tanto para la transición digital y ecológica como para la creación de empleo directo e indirecto de calidad en España. «Desde la asociación se considera que esta decisión es un error que pone en peligro la transformación digital de España y pide al Ejecutivo que rectifique», reivindican.
