El órdago de Pedro Sánchez ha finalizado en lacrimógena batalla político-mediática entre el exceso de victimismo del presidente del Gobierno, que ni mucho menos ha sufrido las heridas que dañaron a dirigentes de Podemos y formaciones independentistas, y el teatrillo persecutorio interpretado por el ejército de infinitas cabeceras conservadoras que convierten a España en un país asimétrico en materia mediática.
Sánchez se dice víctima de una «maquinaria del fango muy engrasada», y recuerda que «la información en democracia es fundamental, pero si se confunde la verdad con la mentira se convierte en enemigo público número uno».
A cuenta de sus palabras, multimedias oligopólicos que hacen fortunas gracias a las licencias de gobiernos pretéritos y digitales madrileños gozosos de la generosa publicidad institucional de las ruidosas baronías del PP se disfrazan de perseguidos, ¡pobrecitos ellos!
Mientras tanto, periodistas como Iñaki Gabilondo, Silvia Intxaurrondo, Rosa María Artal, Maruja Torres, Antón Losada o Rosa Villacastín han salido al quite para lamentar los «bulos, falsedades y acoso» que se ha practicado «contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial».
Reporteros Sin Fronteras ha introducido el bisturí para diagnosticar que España escala del puesto 36 al 30 en materia de libertad de prensa, asegurando eso sí que «no se salva del deterioro global del periodismo por la presión política, pero resiste en un escenario mundial desalentado».
EUROPA COMO ÁRBITRO DE LA BATALLA
Este pasado mes de marzo se aprobó la Ley europea de Libertad de Medios, que obliga a los Estados a proteger la independencia de los medios de comunicación y prohíbe toda forma de intervención en las decisiones editoriales.
La Unión Europea asegura que su intención es «salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en el Unión Europea», señalando que «las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos».
Esta legislación busca proteger a los periodistas de las injerencias (o vigilancia) del poder y a los medios de comunicación de plataformas como Facebook, X (anteriormente Twitter) o Instagram, que pueden restringir o eliminar arbitrariamente contenidos.
La nueva ley también busca proteger al ciudadano, que no tiene fácil conocer quién es el propietario de determinados periódicos digitales ni saber cuánta publicidad institucional reciben los medios de determinadas administraciones.
«A fin de que el público conozca quién controla los medios de comunicación y qué intereses pueden influir en la información que difunden, todos los medios informativos —independientemente de su tamaño— tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, también si son parcial o totalmente de titularidad pública», señalan desde Bruselas.
Y explican que «de la misma forma, los medios de comunicación tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluidos los procedentes de terceros países».
«Los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación o a las plataformas en línea deberán asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad será transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad otorgada a cada medio», añaden.
No será fácil que la ley europea otorgue oxígeno a la libertad de prensa ni que la batalla entre Pedro Sánchez y determinadas cabeceras conservadoras deje de ser una pelea sin consecuencias para la legislación periodística española, que sigue rigiéndose por la ley aprobada por Manuel Fraga en 1966.
