El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha tomado una decisión sobre la demanda presentada por el sindicato UGT en relación al coste del despido en España y a lo largo de esta semana la resolución le será notificada al sindicato por el organismo con sede en Estrasburgo, según han informado fuentes de UGT.
Tal y como ha publicado el Comité en un documento, fue en la sesión plenaria celebrada la semana anterior, del 18 al 22 de marzo, cuando el organismo decidió sobre el fondo de la reclamación colectiva que desde UGT habían presentado en el año 2022.
Sin embargo, fuentes del sindicato han afirmado a Europa Press que la notificación con la resolución a dicha demanda no ha llegado aún y, por el momento, solo se conoce que «lo han resuelto y que lo notificarán esta semana».
Para UGT, el actual sistema español de despido incumple «de manera manifiesta» lo consignado en el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT, por lo que la actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción.
Por tanto, en su demanda, el sindicato reclamaba ante el Comité que, a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido, se tuvieran en cuenta las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedida (como la edad, el sexo, la situación familiar o la ausencia de formación) al entender que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a colectivos especialmente vulnerables, que tienen más difícil encontrar un nuevo empleo.
UGT ESPERA UNA RESPUESTA FAVORABLE
No obstante, fuentes conocedoras del tema han manifestado a Europa Press que se mantienen «optimistas» en relación a la respuesta del Comité a la demanda, después de que el CEDS llamara la atención a España por el coste del despido en un informe que el organismo dio a conocer el pasado 20 de marzo.
En este, el Comité, en consonancia con la reclamación colectiva presentada por UGT, indicó que el ordenamiento jurídico español es contrario a la Carta Social Europea porque no permite dar una indemnización más elevada en función de todas las circunstancias que puedan concurrir.
ENCONTRONAZO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA
Esta reclamación colectiva interpuesta por el sindicato ante Estrasburgo ha supuesto un encontronazo con el Ministerio de Justicia, ya que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusó al Ministerio encabezado por Félix Bolaños de poner «palos en el camino» para que no prospere la reclamación.
Durante un desayuno informativo con prensa el pasado enero, Álvarez expresó su desagrado con que Justicia hubiera «puesto palos en el camino» para intentar retrasar la resolución de la demanda. «Nos consta que ha sido así, porque tenemos información de primera mano de que ha sido así», recalcó Álvarez, quién afirmó que le había manifestado a Bolaños su «desagrado» e «incomprensión» por esta acción.
En relación a la cuestión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llegó a enviar una carta al titular de Justicia en la que instaba a Bolaños a no interferir en la decisión que debe tomar el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre esta cuestión. Al respecto, Bolaños negó que desde su departamento se hubiera realizado ninguna acción para interferir en la decisión del Comité sobre la demanda interpuesta por el sindicato.
Por su parte, hace unos días, desde UGT pidieron el cese inmediato del agente de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por su «interferencia» en reclamaciones colectivas, como la del coste del despido.
