El camino de la energía eólica en Galicia empieza a adquirir tintes de via crucis. La energía de viento en la región vive inmersa en un bucle kafkiano, que el martes volvió a girar sobre sí mismo con la decisión de la Justicia autonómica de consultar a Europa sobre las cuestiones previas a la tramitación de los parques de aerogeneradores. Este nuevo episodio en la interminable judicialización del sector pone en peligro, según la patronal eólica, miles de millones en inversión y decenas de miles de empleos.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha planteado una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si la Xunta, antes de aprobar los proyectos de viento, debió poner a disposición del público interesado los informes sectoriales sobre parques eólicos, de forma que la ciudadanía afectada por los mismos tuviese la oportunidad de formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones. Esos informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, de turismo, de salud, de energía eléctrica y de seguridad aérea, entre otros.
EL DESPLIEGUE DE LA EÓLICA EN LA REGIÓN QUEDARÁ PARALIZADO HASTA QUE LA JUSTICIA EUROPEA RESUELVA LAS CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR GALLEGO
La interpelación que el alto tribunal gallego dirige al TJUE, dispuesta por aquel mediante un auto, plantea que la normativa europea obliga a los órganos que resuelven solicitudes de autorizaciones con efectos medioambientales a realizar previamente tres trámites: otorgar audiencia al público en general sobre el proyecto; recabar los informes sectoriales de los órganos competentes en diversas materias; y, por último, remitir los principales informes sectoriales a todos los interesados y no solo al promotor, para que puedan formular alegaciones antes de la decisión final.
En resumidas cuentas, el Tribunal Superior gallego quiere saber si el Gobierno autonómico debió haber consultado al público sobre la implantación de cada central eólica antes de autorizar su construcción. Ahora las preguntas de los magistrados se encuentran al final de la cola de asuntos sin resolver del TJUE, donde permanecerán como mínimo un año y medio, que es el plazo medio que tarda el organismo comunitario en responder. Hasta entonces, el despliegue de la eólica en la región permanecerá congelado.
LA PATRONAL EÓLICA ALZA LA VOZ
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha reaccionado a la noticia reiterando que la «reiterada situación de inseguridad jurídica» que afecta al desarrollo de la energía eólica en Galicia pone en riesgo inversiones por valor de unos 10.500 millones de euros.
En un comunicado, la patronal eólica subraya que Galicia vive inmersa en «una coyuntura de incertidumbre e indefensión», en cuanto al desarrollo eólico, consecuencia de la judicialización masiva de proyectos que ya cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) y el correspondiente permiso de construcción.
A este respecto, AEE considera que Galicia necesitará ocho teravatios hora (TW/h) adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico, que supondría 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos. Este desarrollo económico «se perderá de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático», añadió.
Asimismo, estima que otros 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 megavatios (MW) de potencia, afectados por la judicialización, ponen en riesgo otros 4.200 millones de euros de inversión y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años.
UN ASUNTO YA TRATADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO
La patronal del sector alude a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, que anuló las sucesivas suspensiones cautelares realizadas a más de 200 MW. Con este fallo «quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente», afirma la asociación eólica.
Concretamente, la referida sentencia del Supremo revocó la anulación de la autorización del parque de aerogeneradores de EDP Renovables en Ponteceso (A Coruña), abriendo la puerta a la revitalización de nada menos que 75 proyectos análogos. El máximo órgano jurisdiccional español estimó el recurso de casación presentado por EDP, junto con la Xunta de Galicia, contra la decisión del TSXG de suspender los permisos administrativos necesarios para la instalación.
El tribunal gallego había bloqueado el proyecto por causas similares a las que ahora le han llevado a consultar a la Justicia europea: sendos motivos relacionados con el trámite de información pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, planteados por un particular. En primer lugar, la indebida reducción a la mitad del plazo de alegaciones (de 30 a 15 días); además de la alegación de que los informes sectoriales debieron ser recabados antes de que el proyecto y el estudio ambiental fueran sometidos al trámite de información pública.
