Pese a los ríos de tinta sobre el fallido fichaje de Andrea Orcel por Santander (y lo que queda), los inversores y analistas no parecen muy interesados en lo que ocurra en los juzgados o fuera de ellos sobre este asunto.
El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, quiso zanjar el asunto en la presentación de los resultados del primer semestre este martes. A preguntas de los periodistas sobre el banquero italiano, Álvarez afirmó que “en las diferentes reuniones con inversores e investors days no hemos recibido ninguna pregunta sobre este tema”.
Para quitar hierro al asunto, Álvarez insistió en que “tanto el consejo como el equipo de gestión del banco están funcionando muy bien, a los resultados me remito”. Por lo tanto, explicó al consejero delegado del banco, “estamos en una dinámica normal”. “Hemos cumplido objetivos estos tres años y estamos en el camino de cumplir el nuevo plan”, añadió. La vida sigue igual en la entidad cántabra.
SANTANDER LUCHARÁ EN LOS TRIBUNALES
Horas antes de presentar resultados ante los medios, Santander celebró una junta extraordinaria por la mañana para aprobar la ampliación de capital con el objetivo hacerse con el 25% que no tenía de su filial mexicana.
Un accionista se dirigió directamente a la presidente del banco para pedir explicaciones. Ana Botín argumentó que se trata de “un asunto judicial” y declinó hacer más comentarios. Sí recogió el guante el secretario general y del consejo de administración, Jaime Pérez Renovables.
El secretario general confirmó que «el banco presentará su posición ante el órgano judicial y va a defender todos los hechos sobre este asunto«. Asimismo, subrayó que Santander acreditará con «contundencia» que las razones que se dieron en su día para dejar sin efecto el nombramiento de Orcel «responden a la realidad», ya que no se dieron las condiciones necesarias para que la contratación pudiera producirse.
En este sentido, Jaime Pérez Renovables ha reconocido que la decisión fue «difícil», pero se trató de la «mejor» para el grupo y para sus accionistas. Se siguió un riguroso proceso de gobierno con implicación de todos los órganos de la entidad», ahondó.
El banquero italiano Andrea Orcel reclama el cumplimiento de contrato por parte de Santander o, en caso contrario, daños y perjuicios por una cantidad algo superior a los 100 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en Santander, según adelantaron ‘El Confidencial’ y La Información a principios de julio. La demanda contra Santander fue interpuesta a finales de mayo y admitida en junio.
Santander afirma que «va a defender todos los hechos en este asunto» para demostrar que no se dieron las condiciones necesarias en la contración
Para defenderle, el exempleado de UBS ha contratado los servicios de despacho madrileño De Carlos Remón. Santander seguirá confiando en Uría & Menéndez. Como curiosidad, los socios que dan nombre al despacho contratado por Andrea Orcel, José Manuel De Carlos y Álvaro Remón, tienen un hermano cada uno de ellos en Uría Menéndez: Luis de Carlos y Jesús Remón. Además, en el equipo de De Carlos Remón hay varios exempleados de Uría Menéndez: Carmen Gutiérrez (2004), Gonzalo Eizaga Aranzadi (2008-2015) y Jaime de San Román (2009-2017).
La semana pasada se conoció que UBS ha accedido a abonarle el bonus en diferido de más de 50 millones de euros siempre que no trabaje en una entidad de la competencia, por lo que no podría ser fichado ni por Santander ni por otra entidad financiera.
ORCEL, DE ALIADO A ENEMIGO DE SANTANDER
Santander anunció el fichaje de Andrea Orcel como nuevo consejero delegado del banco procedente de UBS el 25 de septiembre de 2018. Era un viejo conocido de la entidad desde los tiempos de Emilio Botín. Según anunció la propia entidad, la contratación llegaba “después de casi dos décadas de trabajar estrechamente con Santander”.
La propia Ana Botín indicó que “la experiencia internacional de Andrea Orcel y su conocimiento estratégico del negocio de banca comercial fortalecen al equipo del banco y nos ayudarán a continuar ejecutando nuestra estrategia, cuyo objetivo es ser el mejor banco comercial”. “Tendrá un importante papel en la construcción de plataformas digitales integradas para el Grupo, al tiempo que preservamos nuestro modelo de filiales”, añadió la presidente de Santander.
En enero anuló el nombramiento. El motivo, constatar que Santander, y no UBS, tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido del banquero de inversión en los próximos siete años. La cifra rondaba 50 millones de euros.
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, afirmó en ese momento que “como banco comercial, teníamos que sopesar el alto coste de contratar a un profesional, aunque sea alguien del talento de Andrea Orcel, a quien había que compensar la pérdida de siete años de salario diferido, con nuestra cultura corporativa, que implica compromiso y responsabilidad con nuestros empleados, clientes y accionistas”. Por eso, añadió, “el consejo y yo misma, estamos convencidos de que, pese a que resulta una decisión difícil, hemos tomado la correcta”.
La lucha judicial sigue sus pasos, mientras los accionistas e inversores se centran en cómo revertir la tendencia bajista de la cotización del banco. Desde los máximos de 2018 (5,64 euros a finales de enero), las acciones de la entidad cántabra han caído un 26,77% hasta el precio de 4,13 euros. No obstante, los últimos días al menos ha recuperado el nivel de los cuatro euros que perdió el 22 de julio.
