El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ha convocado de nuevo para este lunes a sindicatos y empresarios para seguir avanzando en el objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral semanal hasta las 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas para 2025 sin pérdida de salarios.
La reunión, que tendrá lugar a las 16.30 horas y estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, es la segunda que celebra la mesa de diálogo social para la rebaja de la jornada laboral tras la celebrada el pasado 25 de enero y en la que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme pidieron negociar entre ellos este asunto, en paralelo a las reuniones tripartitas con el Gobierno.
El Ministerio de Trabajo aceptó la demanda de los agentes sociales y señaló entonces que les convocaría en próximas semanas para ver qué avances habían logrado en sus negociaciones bipartitas.
SINDICATOS Y PATRONALES INICIAN LA NEGOCIACIÓN
Los negociadores de sindicatos y empresarios ya han iniciado dichas negociaciones y están explorando que la reducción de jornada se pueda pactar en cómputo anual porque así es como suele venir recogida en los convenios colectivos.
Tanto CCOO como UGT confían en poder alcanzar un acuerdo con CEOE y Cepyme que pueda llevarse al diálogo con el Gobierno para su traslación normativa.
En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la patronal que no muestre la misma «intransigencia» para acordar la reducción de la semana laboral a 37,5 horas que la que tuvo, a su juicio, durante la última negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
REDUCCIÓN DE LA SEMANA LABORAL 37,5 HORAS
«Quiero hacer un llamamiento para que podamos cerrar un acuerdo y que el tema de la reducción del tiempo de trabajo no sea un lastre para las empresas», dijo hace unos días el dirigente sindical.
También el secretario general de CCOO, Unai Sordo, confía en acercar posturas con la CEOE y ha pedido «no dar por sentado» que la patronal dará portazo a esta negociación. «No va a ser sencilla, pero hay que dar una oportunidad porque yo creo que el acuerdo no es imposible», ha defendido en las últimas semanas.
Para su sindicato, «es una reivindicación inexcusable que durante esta legislatura se reduzca la jornada laboral por ley», tal y como ha prometido el Gobierno.
Para CCOO y UGT, aunque el objetivo de reducción de la jornada a 38,5 horas para este año ya está prácticamente cumplido, es necesaria una reducción legal del tiempo de trabajo para seguir impulsando una reducción efectiva del mismo a través de la negociación colectiva.
«La reducción de jornada no va a tener un formato único, esto no va sólo de reducir la jornada semanal o de trabajar cuatro días. Esto va de múltiples formas, donde a veces la jornada se reducirá en cómputo anual, otras veces se trabajará cuatro días, pero otras veces ese no será el modelo, sino que será una reducción de la jornada diaria», explicaron los sindicatos.
REGISTRO DE JORNADA Y SANCIONES MÁS DURAS
En todo caso, aunque se confía en un acuerdo, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dejado claro en varias ocasiones que la reducción de la jornada laboral, contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, se hará aunque no cuente con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
El acuerdo entre PSOE y Sumar contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.
La vicepresidenta considera que España debe reducir la jornada laboral, que lleva «40 años congelada», para que los trabajadores ganen tiempo para la vida. Defiende que es una medida muy apoyada por la ciudadanía, incluso por los votantes de la derecha, y que mejorará la productividad de la economía española.
PÉREZ REY, EL SUBALTERNO DE DÍAZ
Desde el Ministerio de Trabajo, Pérez Rey ha dejado claro que el resultado final de esta negociación será el que salga de la mesa tripartita, respetando «el compromiso» que el Gobierno de coalición asumió en su programa. Según Trabajo, la reducción de jornada a 37,5 horas beneficiará a más de 12 millones de trabajadores.
Trabajo ha incorporado a la mesa de diálogo social la modificación del registro horario para que sea más eficaz y para que la reducción del tiempo de trabajo «la puedan disfrutar los trabajadores sin que haya ningún tipo de elemento o cortapisa o fraude».
El Ministerio considera además que las sanciones en materia de tiempo de trabajo contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) «no son suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras», por lo que endurecerlas forma parte también del objetivo de esta reforma del Gobierno.
SUMAR LLEVA AL CONGRESO UNA PRIMERA VOTACIÓN SOBRE LA REBAJA DE JORNADA
Precisamente, el grupo parlamentario de Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una iniciativa para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario, en la que será la primera votación parlamentaria de esta medida prometida por el Gobierno de coalición, que no tiene el visto bueno de todos los socios de investidura.
La iniciativa se debatirá en la sesión plenaria del próximo martes, de modo que los grupos parlamentarios tendrán que fijar posición sobre un asunto que en su momento generó discrepancias entre PSOE y Sumar y que finalmente quedó recogido en el acuerdo de Gobierno.
La propuesta que se llevará al Pleno, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a abrir «con carácter urgente» un proceso de diálogo social que culmine con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, así como de las disposiciones pertinentes, para incorporar una reducción de la jornada laboral de aplicación progresiva, empezando por fijar un tope de 38,5 horas efectivas en 2024.
Se trata de la segunda iniciativa que Sumar registra en el Congreso por este asunto en poco más de dos meses y ésta que se llevará al Pleno es menos exigente que la presentada en diciembre de 2023, cuando se instaba al Gobierno a acometer la reducción, sin apelar al diálogo social, y poniendo como tope 37,5 horas semanales, abriendo la puerta a un pacto con los agentes sociales para bajar hasta las 32 horas.
