«Lo recaudado por el tributo no puede tener un destino específico, pero los ingresos extra que ha supuesto para las arcas del Estado han ayudado a sostener el ‘escudo social’ frente a la incertidumbre en el mercado provocada por la guerra de Ucrania». Así justifican las fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por MERCA2 la vigencia del impuesto extraordinario a las Energéticas. El conocido como ‘impuestazo’ ha sido presentado como un mecanismo de redistribución social de los beneficios hipertrofiados de las eléctricas; sin embargo, las medidas de protección financiadas con la tasa tienen brechas en su diseño, que causan que los consumidores más vulnerables queden en muchos casos excluidos.
UN BONO SOCIAL PARA MILLONARIOS, PERO NO PARA PENSIONISTAS
El llamado bono social eléctrico es una de las más importantes disposiciones de ese ‘escudo’. Se trata de un descuento que se aplica sobre el PVPC (Precio Voluntario para el pequeño consumidor), a un límite máximo de energía en el periodo de facturación, dentro del sistema de tarifa regulada. Concebido como una herramienta para mitigar el alto coste de la electricidad, las deficiencias en su configuración han motivado el completo fracaso de su propósito de aliviar la carga de las rentas más bajas.
Los datos hechos públicos el 18 de septiembre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revelan que las familias numerosas que se benefician del descuento del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez más que triplican a los pensionistas acogidos al mismo. En concreto, son 376.120 los hogares con tres o más hijos que, independientemente de su nivel de renta, se acogen al bono, frente sólo 106.613 jubilados. El primer colectivo aumentó un 6,9% en un año, mientras que el segundo cayó un 11%.
PARA BENEFICIARSE DEL BONO SOCIAL, UN PENSIONISTA tiene que percibir la jubilación mínimama y carecer de ingresos extra de más de 500 euros anuales, mientras que para las familias basta con que el hogar esté integrado por uno o dos ascendientes y tres o más hijos
Esta disparidad se debe, fundamentalmente, a los requisitos personales, familiares y de renta fijados en la normativa para recibir la ayuda. Según la gravedad de la situación vulnerabilidad social, la cuantía del descuento va aumentando, quedando los consumidores encuadrados en el nivel más bajo, el de exclusión social, totalmente exentos de pagar la factura.
El problema es que para que un pensionista esté considerado en situación de exclusión social, tiene que estar percibiendo la cuantía mínima por jubilación o incapacidad permanente y carecer de cualquier otro tipo de ingreso anual supere los 500 euros. Por el contrario, a una unidad familiar le basta con que el hogar esté integrado por uno o dos ascendientes con vínculo conyugal y tres o más hijos.
Este contraste en los requerimientos provoca, en palabras de la experta jurídica de FACUA Gabriela Camayd, que «un futbolista millonario con tres hijos sea considerado consumidor vulnerable por la normativa, pero no un jubilado que cobra el mínimo y tiene un pequeño fondo de pensiones».
«Es un sinsentido que, con todos los datos que la Administración maneja sobre la población, sea necesario demostrar documentalmente que se cumplen las condiciones para el bono social, en lugar de ser aplicado automáticamente»
Rubén Sánchez, secretario general de FACUA
MERCA2 ha hablado con el secretario general de esta misma organización, Rubén Sánchez, que pone los puntos sobre las íes respecto a la problemática del acceso al bono social. Nos parece absolutamente contradictorio que las familias, sin importar su nivel de ingresos, se puedan acoger a la medida por el mero hecho de ser numerosas» -denuncia- «Aplicando la misma inversión, se podría redistribuir el bono poniendo límites a la renta de las unidades familiares con tres o más hijos; al mismo tiempo que se eleva la renta máxima permitida para el resto de potenciales beneficiarios.
Al margen de los requisitos, Sánchez señala dos problemas fundamentales que deben resolverse en el bono social. El primero es que, lisa y llanamente, se desconoce su existencia: «Hay un gran número de personas potencialmente beneficiarias que no piden el bono por el simple motivo de que no lo conocen». El segundo problema, calificado de «lamentable» por el secretario general de FACUA, es el hecho de que haya que realizar un trámite para solicitar el descuento: «Es un sinsentido que, con todos los datos que la Administración maneja sobre la población, sea necesario demostrar documentalmente que se cumplen las condiciones, en lugar de ser aplicado automáticamente», sostiene.
«Lo que proponemos desde FACUA es que se vuelva al modelo implantado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que todas las familias que tenían una potencia no superior a 3 kilovatios (kw) recibían el bono de forma automática» -continúa- «O que, al menos, la Administración tome la iniciativa de verificar la información de los potenciales beneficiarios y les comunique que pueden acogerse a la medida».
ADIÓS AL IVA AL 5%
Tras la última reunión del Consejo de Ministros de 2023, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el tipo reducido del Impuesto al Valor Añadido (IVA) para el gas y la electricidad se mantendría en 2024, pero que subiría al 10% desde el 5% anterior. En el caso de la luz quedará fijado a esa tasa durante todo el año, mientras que el gas volverá al 21% tras los tres primeros meses del ejercicio, una vez pasado el período invernal.
Rubén Sánchez expone que FACUA considera que el IVA a los suministros energéticos debería mantenerse en su forma reducida o «superreducida» de forma «perenne», no solo de forma transitoria para solventar una emergencia social. El activista lamenta que esta posibilidad «no se ha puesto sobre la mesa del Consejo de Ministros» y llama al Ejecutivo a sopesar la opción de «renunciar a un alto volumen de ingresos tributarios para consolidar un IVA del 4 ó 10% en el sector energético».
Según el propio presidente de Gobierno, la subida del IVA responde a la recuperación «gradual» de los niveles impositivos previos a la crisis energética desatada en los inicios de la invasión rusa de Ucrania, una vez normalizada la coyuntura del mercado.
El mismo Ejecutivo admite, por consiguiente, que han desaparecido las circunstancias de anormalidad que llevaron a tomar medidas urgentes en el sector; pero el tributo a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, una de esas medidas, sigue vigente.
EL ‘IMPUESTAZO’, FUENTE DE INGRESOS Y DE DISCORDIA
Este gravamen, pese a no llegar a las expectativas iniciales, le ha reportado a las arcas públicas un montante total de 1644,4 millones de euros, diferido en dos pagos, uno en febrero y otro en septiembre. Unos ingresos que, según Hacienda, han venido de perlas para sostener las medidas de auxilio social antes mencionadas, y a los que el Estado no quiere renunciar.
El mismo día que anunció la subida del IVA la electricidad y el gas, Pedro Sánchez confirmó que el ‘impuestazo’ seguiría vigente en 2024, expresando además su voluntad de convertirlo en permanente. No se arredró el jefe de Gobierno ante la cólera de las empresas del sector, que en reiteradas ocasiones han acusado a la tasa de «discriminatoria» y de acarrearles una desventaja competitiva.
Ya en los inicios de la disposición, Repsol la recurrió en los tribunales, pero la Audiencia Nacional rechazó tomar medidas cautelares contra el impuesto, que ha estado drenando los balances de las compañías desde entonces. No obstante, el inmovilismo inicial del Ejecutivo ha dado paso a la voluntad de dialogar con el sector.
EL GOBIERNO ESTÁ DIALOGANDO CON Iberdrola, Cepsa, Repsol, Naturgy y Endesa DE CARA A UNA POSIBLE ATENUACIÓN DEL ‘IMPUESTAZO’, PERO EL CLIMA DE ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS ENERGÉTICAS Y EL EJECUTIVO HACE DIFÍCIL CUALQUIER ACUERDO
A finales de enero, el Gobierno inició una ronda de contactos con los cuatro ‘primeros espadas’ de la energía española: Iberdrola, Cepsa, Repsol, Naturgy y Endesa. El propósito de las conversaciones, aún en curso, es doble: por un lado, templar el anómalo clima de crispación reinante desde que el ‘impuestazo’ entró en vigor; y en segundo lugar, configurar un espacio común que permita atenuar los efectos del tributo sobre las empresas sin que las arcas del Estado se resientan en exceso.
Ambos objetivos se antojan difíciles, habida cuenta de la tensión acumulada entre las energéticas. Repsol es el mejor ejemplo: durante su última presentación de resultados, el CEO de la petrolera, Josu Jon Imaz, llegó a amenazar con retirar las inversiones de la compañía en España si no se suprimía la tasa, «Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados», dijo.
El iracundo Imaz dejaba así en el la cuerda floja un total de 1.500 millones en proyectos dentro del territorio nacional, situación provocada por el «ilegal e inconstitucional» impuesto extraordinario a las energéticas. La multinacional incluso se atrevió a poner fecha al órdago lanzado: el 22 de febrero de 2024, jornada en la que pondrá negro sobre blanco su plan de inversiones. A menos de dos semanas para que expire el plazo, el pulso con el Gobierno sigue activo.
