José Miguel Luengo, alcalde de San Javier y número dos del PP de Murcia, ha presentado recurso a la anulación del mayor concurso público de la historia del municipio de la región, según ha podido conocer MERCA2.
La contratación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado era hasta ahora una de las licitaciones más esperadas en las empresas de gestión de agua, con un montante de 247 millones de euros. FCC Aqualia ganó el concurso, pero las manifiestas irregularidades afloraron poco después y dieron al traste con la adjudicación con una serie de acusaciones, recursos e «indicios de delitos penales», según señaló la Fiscalía, por la connivencia entre el Consistorio, la empresa adjudicataria, FCC Aqualia; e Ingeagua, encargada de la elaboración de los pliegos y de la puntuación de la valoración subjetiva.
El Consistorio cerró el trámite para anular la licitación el pasado martes, según ha podido conocer MERCA2. En el mismo escrito, se desgrana el doble revés sufrido por el Ayuntamiento a través del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y desvela una de las grandes mentiras de José Miguel Luengo.
EL RECURSO DE SAN JAVIER Y DE LUENGO
En un inicio, el alcalde aseguró que la anulación del concurso la conoció el 20 de diciembre, en el último pleno del año, pese a que la exclusiva dada por este medio se publicó a primerísima hora. No obstante, el propio recurso del Consistorio desmiente sus propias palabras al señalar que el TACRC dictó su fallo seis días antes y el propio equipo municipal era conocedor de la misma, pero lo ocultaron para evitar un bronco último pleno del año.
Luengo acusó a la oposición de «mentir» y de dejarse guiar por la «prensa y panfletos», pero la realidad es que la sentencia era cristalina y clara, hasta el punto de ocultar en la sesión en el canal de San Javier de Youtube.
Visiblemente nervioso por la aparición de la información, Luengo trató de acallar a la oposición de Pleamar antes de ausentarse del pleno. «Nosotros hemos tenido conocimiento de esta sentencia ayer (19 de diciembre)», aseguró después tras afirmar en privado que no conocía dicho fallo. Pero la realidad es que llegaron los dos varapalos judiciales. Luengo afirma que solo les llegó una y que la segunda, según afirma, llegó durante el pleno. En ese momento, el propio Luengo, balbuceando y repitiendo coletillas, aseguró que el concurso «tenía dos defectos de forma en la tramitación».
De hecho, el Consistorio muestra una falta de transparencia al evitar subir el vídeo del último pleno del pasado año, con la cara de circunstancia y contrariedad de Luengo tras conocer la información de la sentencia del TACRC. «Caras largas y de pocos amigos», han descrito testigos presenciales en aquel pleno sobre el lenguaje no verbal de Luengo.
LUENGO SE ESCUDA EN LOS GRAVES PERJUICIOS
Otra de las grandes mentiras del Consistorio se centra en las consecuencias del concurso público, al señalar que la anulación «conlleva graves perjuicios para el municipio de San Javier» debido a las importantes inversiones en las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado que dejarían de realizarse, así como la aportación de recursos económicos para el municipio y otras mejoras.
No obstante, la licitación iba a costar cerca de 12,5 millones de euros anuales a las arcas municipales, un montante que se hubiera destinado, si así lo reafirma la justicia, a la empresa Aqualia. La compañía, invitada en el concurso por la consultora encargada de elaborar el pliego de condiciones y poner las notas a las ofertas, ofertó por la licitación con un total de 247 millones de euros, la más elevada de todas las que se presentaron. La adjudicación expirará en 20 años y equivale precisamente al 20% del Presupuesto del municipio gobernado por el ‘popular’ José Miguel Luengo Gallego.
DEFECTOS DE FORMA DE LUENGO PARA TAPAR LOS SUPUESTOS INDICIOS CRIMINALES EN EL CONCURSO
Asimismo, el Ayuntamiento gobernado por el número dos del PP de Murcia afirma que dispone de un «informe favorable» de la Secretaría General, pero dicho informe no se ha subido a la plataforma de contratación. No obstante, este medio ha tenido acceso al mismo. En el se muestra un gran conocimiento de la jurisprudencia en este tipo de concursos, a pesar de que el propio Consistorio tuvo que recurrir a una empresa externa, Ingeagua, para realizar el pliego de condiciones, así como también contratar a un abogado ajeno al Consistorio para defender su postura ante la justicia.
No obstante, fuentes jurídicas especializadas en adjudicaciones de gestión del agua y el alcantarillado muestran su «sorpresa» tras leer el informe firmado por el secretario general del Consistorio, más cuando en los anteriores estudios y conclusiones elaborados por la Mesa de Contratación, presidida por el propio Luengo, se dieron «pobres explicaciones» a la hora de justificar su luz verde en la Mesa de Contratación. «Las alegaciones del Consistorio están fundamentadas, con referencias a los articulados de la ley», pero tiene «algunas lagunas y desvíos de la atención sobre el asunto en cuestión», han comentado.
En este sentido, las fuentes destacan «la longitud y argumentación de las respuestas para tratar de levantar la nulidad». El Consistorio apenas empleó únicamente dos folios para dar el sí a la adjudicación apenas unas horas después de que se entregara el proyecto de unas 1.600 páginas con una conclusión que arroja numerosas dudas entre los recurrentes del proceso.
«Por parte de los técnicos que suscriben, se ha procedido a contrastar las valoraciones que constan en el informe de Ingeagua con los proyectos de los licitadores en cada uno de los criterios valorados, constatando la coherencia entre la valoración dada a cada uno de dichos criterios con el desarrollo que cada licitador realiza en su oferta», destacaba el informe del Consistorio.
«Con todo lo anterior, las valoraciones son coherentes con los proyectos presentados por los licitadores en sus ofertas». Esta escueta explicación desató todas las alarmas en las empresas que creen estar perjudicadas en el concurso público.
No hubo así un análisis exhaustivo para corroborar las notas de Ingeagua y Aqualia, tampoco se realizó un estudio en profundidad del por qué de las calificaciones otorgadas a la sociedad controlada en un 51% por el magnate mexicano Carlos Slim y el fondo ético IFM, que ostenta el 49%.
CÉSAR VALCAYO, EL FIRMANTE DEL INFORME
En el informe, firmado por César Valcayo Andrino, secretario general del Ayuntamiento de San Javier y con una estrecha amistad con Luengo, podría haber ayudado el letrado del Consistorio, Javier Gracia, aunque no se descarta tampoco la intervención o consejo de terceras partes en el escrito.
De hecho, todo el recurso trata de desmontar los motivos del TACRC para declarar nulo el concurso público, pero tan solo se centra en «defectos de forma», escurriendo el bulto en el escaso tiempo que tuvieron los funcionarios y políticos, como Luengo, para examinar las calificaciones.
Luengo trata de enmendar el error al asegurar que ímplicitamente el pleno convalidó la petición de informes de la Mesa a profesionales externos
De esta forma, considera que la mesa de contratación, presidida por Luengo, no necesita contar con la autorización del órgano de contratación, a pesar de que la ley es clara al respecto. El Consistorio afirma que la normativa local se rige por otra vía. «Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato», apunta la normativa.
«Dicha asistencia será -prosigue- autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional».
En cambio, Luengo considera que esta exigencia no incluye a los Ayuntamientos y que el artículo 326 de la ley 9/2017 está pendiente de resolver la jurisprudencia sobre si este precepto es aplicable a las entidades locales.
LUENGO SE APOYA EN LO APROBADO EN EL PLENO
En caso de rechazarse esta argumentación, el equipo de Luengo trata de enmendar el error al asegurar que «ímplicitamente» el pleno convalidó «la petición de informes de la Mesa a profesionales externos, puesto que el 3 de octubre de 2023 acordó aceptar la propuesta de adjudicación que había sido formulada por la Mesa y, posteriormente, el 20 de octubre de 2023, acordó declarar válido el procedimiento de adjudicación y adjudicar el contrato a la mercantil propuesta por la Mesa de Contratación».
Una especie de ‘yo me lo guiso, yo me lo como’, a pesar de que se realizó la contratación de Ingeagua a través de un contrato menor, a dedo, y sin opción a otras empresas del sector por la irrisoria cantidad de apenas 18.000 euros. Demasiado bajo para uno de los mayores contratos del agua en España.
A todo lo anterior, el informe del Consistorio considera que «sería factible interpretar que la ausencia de la autorización constituye una mera irregularidad no invalidante, incapaz por sí sola de justificar la anulación del acuerdo de adjudicación».
Por último, apunta que el concurso debía retrotraerse a los momentos en los que se produjeron las irregularidades administrativas, pero nunca anular todo el procedimiento. De ser así, Ingeagua podría volver a realizar los pliegos y condiciones, escoger a FCC Aqualia y entregar el concurso en bandeja, sin que se den las oportunas explicaciones a las empresas perdedoras para poder mejorar su nota o conocer sus propios errores. El Consistorio se negó a entregar dicha información en base a una supuesta confidencialidad.
