A fines de la semana pasada, MERCA2 publicó una información que situaba a Solaria como la parte acusada en un feo asunto: una subcontrata la endilgaba tres denuncias penales por fraude de ley, coacciones, estafa y falsedad documental. No era la primera vez que esta compañía, dedicada a la energía solar y presente en el IBEX-35, se veía salpicada por el fango: las muchas empresas que reclaman pagos se preparan para ejercer acciones conjuntas, mientras organizaciones ecologistas y empresariales señalan a la empresa presidida por Enrique Díaz Tejeiro por prácticas abusivas.
SOLARIA NI SABE NI CONTESTA, PERO LAS ACUSACIONES DE FRAUDE DE LEY, ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL ESTÁN EN LOS JUZGADOS Y EN LA CNMV
La documentación a la que tuvo acceso MERCA2 acreditaba tres causas penales, interpuestas por la subcontrata Izmar Energy System, por fraude de ley, coacciones, estafa y falsedad documental. Solaria había encargado a Izmar el desarrollo de varios trabajos en plantas fotovoltaicas en Guadalajara, por lo que la segunda reclama el pago de más de dos millones de euros. Solaria se niega a pagar alegando su insatisfacción respecto al cumplimiento de los encargos.
En los escritos dirigidos a los juzgados de Guadalajara y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –que MERCA2 reprodujo en su información– Izmar acusa a Solaria de mentir respecto a la obtención de los permisos administrativos necesarios para las obras, de falsear los términos del contrato, de fragmentar fraudulentamente los proyectos e incluso llega a hablar de presiones y coacciones por parte de la energética, presuntamente dirigidas a «impedir la continuación» de la actividad laboral de la subcontrata.
Cuando fue interpelada por MERCA2, Solaria negó que existiera denuncia alguna. Al ser informada de que los documentos judiciales obran en poder de MERCA2, la compañía declinó hacer comentario alguno.
ZAFARRANCHO CONTRA SOLARIA
Otras empresas supuestamente se encontrarían en una situación similar a la de Izmar, con cobros millonarios pendientes que la energética cotizada se niega a satisfacer. Por este motivo, la subcontrata ha organizado una plataforma de afectados con el objetivo de formar un frente común contra el gigante que les permita obtener las cantidades que presuntamente se les adeudan.
Según fuentes conocedoras del caso, la mayoría de los integrantes de esta plataforma serían empresas de pequeño o mediano tamaño, cuya viabilidad económica habría sido puesta en peligro por las facturas impagadas por Solaria. En declaraciones a MERCA2, la propia Izmar explicó el gran quebranto que los impagos habrían provocado en sus cuentas, obligando a la dirección a «despedir a casi todos los trabajadores y renunciar a la mayoría de proyectos».
MUCHOS ENEMIGOS EN EL CAMINO
Sea cual sea la composición de la agrupación instada por Izmar, a Solaria no le faltan adversarios. La trayectoria de la compañía está trufada de encontronazos, tanto con otras firmas del ramo como con organizaciones de la sociedad civil.
Del lado de las primeras encontramos a la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), que lleva tiempo acusando a la fotovoltaica de poner en práctica métodos de acoso y derribo para forzar a los agricultores y propietarios de tierra a vender o alquilar sus fincas para la instalación de placas solares.
La UAGA afirma que desde fines del año pasado viene recibiendo denuncias por parte de personas y entidades del sector agrario «sobre el continuo acoso al que se están viendo sometidas por parte de representantes de las empresas fotovoltaicas, con el fin de coaccionarles para vender o alquilar fincas para sus proyectos, argumentando incluso con mentiras».
EL PASADO 14 DE DICIEMBRE, LOS AGRICULTORES Y GANADEROS ALAVESES CONVOCARON UNA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SEDE DE SOLARIA EN LA PROVINCIA, EN PROTESTA POR LAS PRESUNTAS PRÁCTICAS DE ACOSO DE LA EMPRESA PARA OBTENER TERRENOS
Aunque la Unión Agroganadera se refiere a un colectivo de empresas de energía solar, fue la sede de Solaria, en el parque tecnológico de Miñano (Álava, País Vasco), el emplazamiento elegido para la concentración convocada en protesta por estas presuntas acciones, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre.
El mes anterior, fue la asociación Salvemos los Campos de Toledo la que anunciaba el inicio de un proceso judicial para detener el proyecto ‘Helena Solar’, dirigido a construir diez plantas fotovoltaicas, con una potencia conjunta de 530 megavatios (MW). La iniciativa, promovida por Solaria, afecta a los municipios de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte, Novés, Maqueda, Quismondo, Portillo de Toledo, Santa Cruz del Retamar y Valmojado.
Retrocediendo un poco más en el tiempo, en 2021 la ONG Ecologistas en Acción denunció a Solaria por precisamente uno de los motivos por los que Izmar ha decidido acudir a los juzgados en la actualidad: la fragmentación fraudulenta de proyectos. Y en la misma provincia, Guadalajara.
Los ecologistas presentaron tres denuncias ante el Ministerio para la Transición Ecológica contra proyectos de plantas solares de la compañía. Según las acusaciones, las instalaciones son colindantes, pero fueron fragmentadas en los trámites administrativos para minimizar su impacto ecológico y agilizar los permisos, lo que a juicio de la organización constituye un fraude de ley.
