El sector nuclear ya se ha manifestado en contra de aceptar un «sobrecoste» por descartar el ATC en Villar de Cañas.
El Gobierno quiere elevar a 11,14 euros/MWh la llamada ‘tasa Enresa’ con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Esta cuantía supone un 40% más que la fijada en la actualidad, que se sitúa en 7,98 euros/MWh. La entrada en vigor de esta nueva tarifa se estima a partir del 1 de julio de 2024.
Así consta en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico saca a consulta pública el texto, consultado por Europa Press, desde este sábado 13 de enero hasta el próximo 2 de febrero.
En el proyecto de Real Decreto se recuerda que el pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio, el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Así, el Ejecutivo argumenta que durante la tramitación del 7º PGRR se pusieron de manifiesto «las dificultades» para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en el 6º PGRR y que iba a ubicarse en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Por este motivo, el 7º PGRR descarta esta opción y se opta por la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las instlaciones atómicas y la construcción posterior de un Almacén Geológico Profundo (AGP), lo que incrementa el coste de la financiación de la gestión de los residuos. En total, el plan prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros a sufragar, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’, con el fondo para la financiación del PGRR, que está dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares.
Además, el Ejecutivo añade que los cálculos de financiación también han variado por la inflación real de los años 2021 a 2023, «claramente superiores» a los que se calcularon en 2019.
Teniendo en cuenta ambas circunstancias, según señala el proyecto de Real Decreto, Enresa ha remitido a la Secretaría de Estado de Energía una memoria económico-financiera actualizada del coste de las actividadescontempladas en el PGRR.
ACUERDO SOBRE EL CIERRE DE CENTRALES
El Foro Nuclear ya avanzó el pasado lunes que las soluciones contempladas en el 7º PGRR supondrán un «sobrecoste» de más de 2.000 millones de euros debido «a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas» que «en ningún caso deberían imputarse» a las centrales nucleares.
A juicio del sector, el «sobrecoste» de este Plan suponen un «cambio sustancial frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo del Protocolo de Intenciones en el año 2019 -posteriormente incluido en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)- entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las centrales nucleares para su funcionamiento y por el que se acordó incrementar la Tasa de Enresa en un máximo del 20%». «Cabe recordar que, tras dicho aumento, el conjunto del parque nuclear español aporta cada año al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros», alertaban.
Sin embargo, fuentes del MITECO han asegurado a Europa Press que el incremento del 40% de la ‘tasa Enresa’ no incumple el protocolo firmado con las empresas porque, según aseguran, la limitación del 20% que éste recoge se refiere al primer borrador del 7º PGRR que salió a audiencia pública en marzo de 2020, sobre el valor de la ‘tasa’ en el momento de la firma del protocolo, un año antes, en marzo de 2019. Ese incremento máximo de la ‘tasa’ del 20% se reflejó en el Real Decreto de 2019 que aumentó su importe desde 6,69 euros/MWh hasta 7,98 euros/MWh, lo que implica una subida del 19,3%, según añaden.
