El Gobierno vuelve a tensar las relaciones con la patronal CEOE después de llevar a cabo un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han criticado en un comunicado la «arbitrariedad» con la que se ha decidido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, sin atender «criterios técnicos», y han lamentado «profundamente» el «escaso» esfuerzo del Gobierno para que los empresarios pudieran sumarse al acuerdo del SMI.
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 en un 5%, hasta los 1.134 euros mensuales. El SMI se incrementará de esta forma en un 54% desde 2018. Con la nueva subida del SMI, las personas trabajadoras percibirán 5.573 euros más al año.
Críticas patronales
En este sentido, las organizaciones empresariales han subrayado que, durante la negociación con Gobierno y sindicatos, se ha asistido al «hecho insólito» de tratar de plantear la subida del SMI «en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley.
Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad, que sólo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores», han advertido.
En este punto, CEOE y Cepyme avisan de que los indicadores de inversión «se están deteriorando por esa falta de confianza que se percibe» y recuerdan precisamente que la inversión es «la palanca de la productividad, la actividad, el empleo y las alzas salariales del futuro.
CEOE y Cepyme avisan de que los indicadores de inversión «se están deteriorando por esa falta de confianza que se percibe»
«Desde CEOE y Cepyme confiamos ahora en que la subida del SMI pactada no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo», advierten.
Tras el acuerdo alcanzado este viernes entre Gobierno y sindicatos para subir el SMI un 5%, las organizaciones empresariales han resaltado que las empresas españolas fueron «las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%», en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
También han recordado que su propuesta para la subida del SMI pedía hacer compatible esta subida con la supervivencia del tejido empresarial en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario.
«Se trata de ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos», han subrayado las patronales.
EL COSTE
CEOE y Cepyme argumentan que la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018 «sin revisar el precio de dichos contratos», por lo que «muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas».
Por ello, recuerdan, se reclamó al Gobierno en esta negociación que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se vieran incrementados al compás de los costes, petición que ha sido «desatendida», al igual que su demanda de establecer bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, «que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI».
«Los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo mostraron su conformidad con la indexación de los contratos públicos (…) Sin embargo, no ha sido atendida por su supuesto coste para la ciudadanía, mientras asistimos a incrementos del gasto público derivados de acuerdos meramente políticos», han criticado.
GARAMENDI: NO INDEXAR EL SMI A CONTRATOS PÚBLICOS ES «ABUSO DE PODER»
Esta misma mañana, en declaraciones a TVE, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que no indexar el SMI a los contratos públicos, como pedía la patronal, supone «un abuso importantísimo de poder» por parte del Ejecutivo.
«¿Qué pasa con las empresas y muchísimas empresas muy pequeñitas que tienen contratos públicos con ayuntamientos, con diputaciones con comunidades autónomas, con el propio Estado, donde te dicen ‘sube tú el salario’, porque qué bien queda lo de tú vas a pagar, tú subes el salario, pero yo me quedo donde estoy. Eso me parece un abuso importantísimo de poder», ha criticado el dirigente empresarial.
Garamendi también ha sido muy crítico con la actitud del Gobierno en esta negociación, en la que se ha decidido subir el SMI un 5%, más de lo que se había dicho, sólo porque los empresarios se han negado a aceptar una subida del 4%.
Garamendi también ha sido muy crítico con la actitud del Gobierno en esta negociación
«Es que ha sido así, no quieres una taza, pues taza y media», ha denunciado Garamendi, que ha añadido que, cuando negociaban con el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, un 4% era un 4% y no se convertía después en un 5%.
