El pasado jueves, 14 de diciembre, el Consejo y el Parlamento europeos oficializaron el acuerdo para la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea (UE), cuyo borrador se consensuó, tras muchos esfuerzos, en octubre. Pese a sus muchas sombras –entre ellas, las polémicas concesiones a las nucleares francesas– la percepción general es que los nuevos cimientos regulatorios dejan en una mejor posición a los consumidores del viejo continente, que estarán mejor protegidos frente a las eventualidades y, sobre todo, frente a las taquicardias tarifarias.
UNA REFORMA POR LA ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS
Todos los implicados en la reforma eléctrica convergían en un objetivo: sentar las bases normativas para encarrilar unos precios eléctricos que se han caracterizado por unos vaivenes brutales en los últimos años. Para ello, se ha confiado en la introducción de los contratos por diferencia (CdF), uno de los mecanismos clave de la renovación acordada por la Unión.
En este tipo de contratos, el vendedor de un activo, en este caso la energía, se compromete con el comprador -en este ámbito, generalmente un Estado- a pagar la diferencia entre el precio del activo en el momento de la compra y el momento de la firma. La generalización de esta forma de contratación se considera fundamental para estabilizar los precios eléctricos y reducir la volatilidad e impredictibilidad que tanta inseguridad causa a hogares y empresas.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las principales valedoras del pacto para la reforma, destacó en recientes declaraciones que los CdF, en combinación con los contratos a largo plazo, facilitan la estabilidad de los precios, lo que beneficia tanto a los consumidores industriales como a los domésticos. Los inversores, por su parte, «verán, con mucha más claridad, la garantía de retorno». Se allana el camino, pues, para la capitalización del sistema, gracias a un régimen de contratación que les permite «animarse a invertir en tecnologías que pueden tener costes variables muy distintos».
En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), Marina Serrano, quien opina que la reforma fomenta «un óptimo clima de confianza para acelerar las ingentes inversiones que necesita la transición energética».
GARANTÍA DE SUMINISTRO FRENTE A EMERGENCIAS
Pese a que no es el aspecto de la reforma que más satisfaga a la ministra -afirmó que le hubiera gustado la inclusión de más medidas para hacer frente a «supuestos de emergencia» como el del pasado año- las garantías de abastecimiento se han visto fortalecidas por el acuerdo. En primer lugar, se elimina la restricción temporal de los mecanismos de capacidad, medidas de apoyo que los estados miembros pueden introducir para remunerar a las centrales eléctricas, con el fin de garantizar la seguridad del suministro. Su tramitación ha sido, además, flexibilizada.
Esta capacidad de intervención en el mercado ha sido aplaudida por Ribera, quien considera positivo que las medidas de contingencia «nos permitan intervenir para proteger a los consumidores». Serrano, por su parte, habló en representación de AELEC subrayando que los mecanismos de capacidad «son necesarios para asegurar el suministro y atraer inversiones en almacenamiento, dejando de tener un carácter temporal y de último recurso, y encargándose la Comisión de revisar su tramitación con el objetivo de simplificarla».
La reforma refuerza el papel del Consejo a la hora de declarar una crisis temporal del precio de la luz y modifica las condiciones para declarar una crisis de precios de la electricidad, de modo que se pueden tomar medidas preventivas si hay indicios razonables de que se aproxima una época de carestía. De este modo, se agudiza la previsión del sistema ante ‘cisnes negros’ como la invasión rusa de Ucrania.
SE REFUERZAN LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La reforma busca amplificar los escudos normativos que protegen a los clientes eléctricos de abusos y asimetrías en su relación con los proveedores. Entre las medidas presentes en el texto, está la de permitir a los consumidores la libre elección de proveedor y la posibilidad de acceder a precios dinámicos de electricidad, contratos de duración determinada y de precio fijo.
También se acordó proteger a los clientes más vulnerables del desabastecimiento mediante el establecimiento de sistemas de ‘proveedor de último recurso’, en aras de garantizar la continuidad del suministro. Asimismo, todos los clientes tendrán derecho a involucrarse en esquemas de energía compartida (usar, compartir y almacenar energía autogenerada), cuyos usuarios disfrutarán de las mismas garantías que el resto.
Serrano ha evaluado «positivamente» estas medidas para paliar la situación de los hogares en riesgo de pobreza energética, «que han sido los más perjudicados de esta crisis». Ribera, por su parte, resaltó que el acuerdo «pone al consumidor en el centro» y celebra que recoja el concepto de pobreza energética, instando a los gobiernos a pulir sus instrumentos de defensa de los usuarios eléctricos.
