Repsol cuenta con el apoyo de la patronal en su lucha sin cuartel contra el impuesto extraordinario a las compañías energéticas. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de que la prórroga de esta tasa, ya contemplada en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Sumar, «pone en riesgo 16.500 millones de inversiones para la transición energética».
En un comunicado, la patronal de las grandes petroleras -de la que forman parte la propia Repsol, Cepsa, BP, Galp, Gunvor y Saras- indicó que el mantenimiento de este impuesto, vigente en un principio para 2023 y 2024, «condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)».
Para la AOP, prorrogar este gravamen «penalizaría la competitividad de la industria española, frente a operadores extranjeros e industrias importadoras», y tendría un «impacto negativo» en el empleo y el
desarrollo de nuevas inversiones, así como en la autonomía y la garantía de abastecimiento energético de España.
LA AOP DENUNCIA QUE EL ACTUAL FLUJO INVERSOR ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA FIJADAS EN EL PNIEC
Por ello, reiteró su rechazo a este impuesto, que «vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa» y estimó que la propuesta debería esperar a «los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen».
Asimismo, el sector del refino recordó que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del PNIEC, que prevé un esfuerzo inversor de 294.000 millones de euros hasta 2030, de las que el 85% deben venir del sector privado.
A este respecto, alerta de que si se mantiene este gravamen, las inversiones «estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria».
UN IMPUESTO A CONTRACORRIENTE
Además, la AOP consideró que prorrogar el gravamen -introducido como una medida extraordinaria de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas- «va en contra de la política energética de la Unión Europea (UE), centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios».
Igualmente, la patronal destacó la «importancia capital» del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que se realizaron en el pasado, y como durante la crisis de la Covid las compañías soportaron «importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos».
Por último, la AOP reiteró «la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal» que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas.
REPSOL SE PLANTA FRENTE A LA TASA
El pasado 26 de octubre, durante la presentación de los resultados de la compañía, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, no dudó en tildar una eventual prolongación del impuesto extraordinario a las energéticas de «ilegal» e «inconstitucional» calificativos a los que añadió una severa advertencia: de mantenerse el gravamen, la empresa podría replantearse sus actividades productivas dentro de nuestras fronteras. Las palabras textuales de Imaz fueron «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar futuras inversiones industriales de Repsol en España».
Un desafío en la línea de lo expresado hoy por la AOP, que, al igual que Repsol, también ha exigido una estabilidad normativa y tributaria. Fuentes de la compañía manifestaron a MERCA2 que «para asegurar el suministro energético de España y seguir invirtiendo en el país y generando actividad económica y garantizando miles y miles de puestos de trabajo industriales y creando otros en otros ámbitos, solo se necesita una cosa: un marco regulatorio y fiscal estable».
