La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de que una prórroga del gravamen extraordinario y temporal a las compañías energéticas, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno acordado por PSOE y Sumar, «pone en riesgo 16.500 millones de inversiones para la transición energética».
En un comunicado, la patronal de las grandes petroleras -de la que forman parte Repsol, Cepsa, bp, Galp, Gunvor y Saras– indicó que el mantenimiento de este impuesto, vigente en un principio para 2023 y 2024, «condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)».
DECLARACIONES DE AOP
Para AOP, prorrogar este gravamen penalizaría la competitividad de la industria española, frente a operadores extranjeros e industrias importadoras, y tendría un ‘impacto negativo’ en el empleo, en el desarrollo de nuevas inversiones, así como en la autonomía y garantía deabastecimiento energético de España.
Por ello, reiteró su rechazo a este impuesto, que «vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa» y estimó que la propuesta debería esperar a «los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen».
El sector del refino recordó que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética.
Asimismo, el sector del refino recordó que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del PNIEC, que prevé un esfuerzo inversor de 294.000 millones de euros hasta 2030, de las que el 85% deben venir del sector privado.
A este respecto, alerta de que si se mantiene este gravamen, las inversiones «estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria».
EN CONTRA DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UE
Además, AOP consideró que prorrogar un gravamen, que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas, «va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercadospenalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios».
La patronal destacó la ‘importancia capital’ del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia.
Igualmente, la patronal destacó la ‘importancia capital’ del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que se realizaron en el pasado, y como durante la crisis de la Covid-19 las compañías soportaron «importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos».
Por último, AOP reiteró «la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal» que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas.
