El Tribunal Supremo ha puesto fin a un proceso judicial iniciado por Ramón Ignacio García García, que aseguraba ser hermano biológico de Esther y Alicia Koplowitz Romero de Juseu, esta última la novena mayor fortuna de España en la lista Forbes.
Inicialmente, debido a que el demandante no aportaba ninguna prueba indiciaria de la maternidad reclamada, el Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid inadmitió la demanda a trámite, aunque la sección 22ª (de refuerzo) de la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó admitirla posteriormente.
Puesto que el demandante siguió sin aportar ninguna prueba, el Juzgado, con la aquiescencia del Ministerio Fiscal, dictó una sentencia el 29 de septiembre de 2020 condenándole a soportar todas las costas del proceso y desestimando la demanda, tras rechazar la petición del demandante de que se practicase una prueba biológica de comparación de su ADN con los de las hermanas, para dilucidar si eran hermanos por parte de madre.
García García interpuso un recurso de apelación ante la misma sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid, reiterando la petición de que se practicase dicha prueba biológica, a lo que esta sección accedió y ordenó que se realizase, algo que hicieron las Koplowitz.
El resultado de las pruebas por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluyó que no compartían línea materna, por lo que el Juzgado, el 9 de septiembre de 2022, confirmó la sentencia anterior en la que se había desestimado la demanda, con una nueva condena al demandante a soportar las costas del proceso, al apreciar el Tribunal temeridad en dicho demandante.
Finalmente, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por García García ante al Tribunal Supremo han sido inadmitidos por el Alto Tribunal, que nuevamente le ha condenado al pago de las costas.
Los asesores jurídicos de Esther y Alicia Koplowitz procederán ahora a ejecutar las referidas condenas sobre las costas, según han informado fuentes cercanas a las hermanas, que añaden que estudiarán cualquier medida adicional «para que no vuelva a suceder que se interpongan frente a ellas demandas tan dolorosas como absolutamente infundadas, ni que se prolonguen los consiguientes procesos, pese a la ausencia del más mínimo indicio probatorio».
