La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha denunciado este lunes que la información disponible sobre la ejecución y el despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación sigue siendo «fragmentaria, insuficiente e irregular» pese a que han transcurrido más de dos años desde su puesta en marcha.
Fedea hace estas consideraciones en un nuevo boletín sobre el seguimiento de las inversiones del Plan de Recuperación y del contenido de la Adenda, que ha sido aprobada recientemente por la Comisión Europea, con casi 94.000 millones de euros en nuevas ayudas, fundamentalmente en forma de préstamos.
Desde el arranque del Plan de Recuperación en el verano de 2021 hasta el momento, Fedea señala que se han puesto en marcha, mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos, transferencias a las comunidades autónomas y convenios, actuaciones presupuestadas en 59.000 millones de euros, lo que supone el 85% del gasto originalmente previsto.
Casi dos tercios de esta cantidad (37.627 millones) corresponden a convocatorias y licitaciones directas del sector público central (incluyendo entidades y empresas públicas), pero hay también algo más de 21.000 millones en transferencias a CCAA.
Por otra parte, según sus cálculos, las actuaciones puestas en marcha por las autonomías con cargo a tales transferencias asciende a algo más de 8.600 millones.
De acuerdo con la «muy escasa» información disponible para 2023, en septiembre de este año se habían resuelto convocatorias y licitaciones con un presupuesto total de unos 30.000 millones, de los que unos 5.000 corresponderían a las comunidades autónomas.
Tres cuartas partes de esta cantidad se asignaron a beneficiarios o licitadores específicos, dejando remanentes de unos 7.500 millones de euros a los que habría que buscar otro destino.
Según Fedea, el ritmo medio observado hasta el momento de arranque de las actuaciones del Plan sería consistente con la puesta en marcha completa de su primera fase (sin la Adenda) en 2023, de acuerdo con el calendario previsto inicialmente.
«Aunque se detecta una clara ralentización en la puesta en marcha de nuevas actuaciones durante lo que va de ejercicio que podría comprometer este objetivo, la restricción temporal realmente importante no es la autoimpuesta para 2023, sino el límite del tercer trimestre de 2026 para el despliegue del Plan y la Adenda que impone la normativa básica de Bruselas.
En términos de ejecución presupuestaria, Fedea avisa de que la situación es «más complicada». Ciñéndose a los datos oficiales de ejecución de la Administración General del Estado (AGE), el balance «no es malo», pues el grueso del gasto presupuestado como parte del Plan de Recuperación (un 83% en 2021 y un 69% en 2022) se ha ejecutado dentro del ejercicio, aunque en torno a un tercio de las obligaciones reconocidas todavía no se han desembolsado.
«En muchos casos, sin embargo, esto sólo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes», ha apuntado.
Sobre la ejecución definitiva de los fondos europeos, Fedea se queja de la «información muy limitada» que hay al respecto, ya que la mayor parte de las entidades y administraciones encargados de ello no publican informes de ejecución presupuestaria con la misma premura y detalle que la AGE.
«La situación parece ser incluso peor en el caso de las entidades públicas que gestionan buena parte del Plan de Recuperación, como el IDAE y Red.es. Ambas entidades publican únicamente, con frecuencia anual y un desfase de en torno a dos años, cuentas muy agregadas que no permiten extraer conclusiones sobre el avance de los distintos proyectos y programas del Plan de Recuperación de los que son responsables», avisa.
Para cubrir esta laguna, Fedea aconseja a la IGAE sistematizar y publicar la información existente sobre la ejecución definitiva de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por parte del conjunto de las administraciones implicadas y del resto de entidades públicas, incluyendo en sus informes los pagos realizados en ejercicios posteriores a los de origen de las obligaciones reconocidas, así como indicadores físicos que ayuden hacerse una idea del ritmo de avance y resultados de las principales líneas de actuación.
«Pese a los más de dos años transcurridos desde la puesta en marcha del Plan, no se ha avanzado casi nada en esta dirección», critica Fedea, que añade que la novedad más importante desde la publicación del anterior boletín dedicado al Plan de Recuperación ha sido la presentación de la propuesta de Adenda al Plan y su aprobación preliminar por parte de la Comisión Europea.
