Diciembre de 2016. El día 22, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) autorizaba la oferta de exclusión de Cementos Portland Valderribas presentada por FCC. Todo un varapalo para aquellos propietarios de más de 51,7 millones de acciones que vieron cómo se ‘desinflaban’ pasando de 10,29 a 6 euros.
Pero no todo estaba perdido. Uno de los accionistas minoritarios, también mexicano como Carlos Slim (presidente de FCC), presentó la correspondiente demanda. Y la Audiencia Nacional (AN) acabó dándole la razón. Ahora la CNMV ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN. “Es normal que la CNMV recurra porque está directamente concernido”, señalan desde Cremades & Calvo-Sotelo, el bufete de abogados que lleva la demanda del accionista minoritario.
La sentencia de la Audiencia Nacional lo que dejaba claro era que la CNMV no había cumplido su deber de proteger a los minoritarios. ¿Consecuencia? Hay que fijar un nuevo precio acorde al valor contable de Portland por aquel entonces. ¿Cuál fue el ‘error’ del regulador bursátil que ha enmendado la AN? Una OPA de exclusión, como la que en su día llevo a cabo FCC, no se puede lanzar sobre el valor de cotización. Lo más correcto es que sea sobre el valor teórico contable.
La última bala de la CNMV es un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que evite el descrédito por su actuación
Sin embargo, la CNMV defiende su actuación en el recurso: “La CNMV defiende los criterios aplicados al autorizar la OPA para considerar suficientemente justificado el precio, criterios referidos a la relevancia de los métodos de valoración de valor teórico contable y descuento de flujos de caja y a las implicaciones de que el informe de valoración sea emitido por un experto que mantenga determinados vínculos con el oferente o la sociedad afectada”. En su momento, Cremades & Calvo Sotelo quiso dejar claro que “la CNMV autorizó el precio del accionista mayoritario para liquidar al minoritario”.
UN AÑO POR DELANTE PARA LA CNMV
Tras el recurso de casación presentado por la CNMV, FCC puede hacer lo propio. Es decir, que también puede participar en el procedimiento. Y lo hará. Hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme, puede pasar algo más de un año tras la presentación de los recursos. Tiempo que gana la constructora porque, en caso de ser favorable para los accionistas minoritarios, acabará suponiéndole un coste elevado.
Repasemos los datos: con la OPA, FCC tuvo que desembolsar una cifra superior a los 60 millones de euros para pagar el 18,07% del capital que dijo sí a la oferta presentada por la constructora. Así pasaba a controlar el 98% de la compañía.
¿Qué consecuencias económicas tendrá para FCC si, finalmente, el Tribunal Supremo acaba dando la razón al accionista minoritario y, por consiguiente, al resto de accionistas? De ser así, el precio a pagar por FCC superaría los 52 millones de euros, ya que el supervisor tendría que recalcularlo a 10,29 euros. A dicha cantidad habría que unir los intereses procesales devengados desde la OPA. Desde Cremades & Calvo-Sotelo, estiman que serían aproximadamente del 3,5%. Para la CNMV sería un duro varapalo si el Tribunal Supremo le enmendara la plana. Pero si el Tribunal Supremo revoca la sentencia de la AN, la CNMV saldría airosa, y FCC (más en concreto su caja) respiraría más tranquila.
