La economía sumergida en España es un problema que lleva años enquistado y que no parece tener una solución a corto plazo, lastrando la recaudación fiscal que no revierte luego en mejora de los servicios públicos. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la economía sumergida en nuestro país oscila entre los 230.000 y los 240.000 millones, al alcanzar en 2021 el 16,9% del PIB, frente al 14% de media ponderada de la UE. Y se prevé que continúe al alza por el efecto de la inflación y de la crisis energética.
En este escenario, Gestha estima que unos 6.200 millones de euros anuales podrían recaudarse mediante una profunda reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público y desplazar la objeto de la comprobación e investigación del autónomos y PYMES hacia la evasión de grandes fortunas y multinacionales.
Por sectores, los que tienen una mayor propensión hacia la economía sumergida son, por regla general, aquellos que mueven una mayor cantidad de dinero en efectivo, como la hostelería, el transporte o el sector agrario. Según las estimaciones disponibles, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia serían las comunidades autónomas más propensas a la economía informal. En el otro extremo, Madrid, seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria se situarían como los territorios con mejor porcentaje de actividades ocultas.
Asimismo, según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) constata que en las regiones donde existe un nivel de PIB per cápita más elevado, y en aquellas con tasas de desempleo menores, presentan niveles de economía sumergida más bajos, lo que coincide con la distribución territorial que antes señalada. La investigación revela cómo en la construcción la economía sumergida tiene un peso del 32% sobre la producción de todo el sector.
Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda de España, las dos grandes bolsas de fraude existentes eran las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Así, la evasión fiscal en el sector inmobiliario representaba 8.600 millones de euros anuales en España.
QUE SE PODRÍA PAGAR CON LA ECONOMIA SUMERGIDA
Teniendo en cuenta el volumen ingente de la economía sumergida en España, si realmente desapareciese bien porque el sistema es tan eficaz que es imposible que circule el dinero negro o bien porque las inspecciones por parte de las administraciones son tan rigurosas que se hace inviable a los defraudadores escapar de la lupa fiscal, algo que a día de hoy es inverosímil, se podrían pagar numerosas partidas de los Presupuestos Generales del Estado, hasta cubrir casi el 50% del total cada año que asciende a 485.986 millones de euros.
Con el cálculo de 230.000 millones de euros anuales de dinero que escapa al fisco según los técnicos de Hacienda, permitiría hacer frente por ejemplo al pago de las pensiones que asciende a 171.165M€, que es partida anual más grande de todas, así como pagar los intereses de la deuda pública que suma 30.175M€, las políticas del desempleo que en 2023 sumará 22.457M€ y por último el destinado a Educación que es 6.408 M€.
Otro ejemplo es el de la vivienda, que se ha convertido en un grave problema para muchos españoles por la imposibilidad de poder acceder a ella por el elevado precio tanto de compra como de alquiler. En 2023 tuvo un presupuesto de 3.295M€, lo que aflorar el dinero oculto daría para afrontar esta partida durante los próximos 80 años, lo que acabaría de un plumazo con una de las grandes preocupaciones de la sociedad y los ciudadanos tendría acceso a una vivienda digna.
Destinar todo lo aflorado, solucionaría también el problema de la pobreza en nuestro país, ya que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 26% en 2022, , según la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), puesto que con ese dinero se podrían realizar más proyectos sociales, bajar impuestos y dedicar una parte a los más vulnerables.
COMO SE COMBATE LA ECONOMIA SUMERGIDA
Desde Hacienda reconocen que una de sus funciones es precisamente luchar contra la economía sumergida, por lo que tienen identificado aquellas operaciones que son sospechosas de formar parte de de la evasión fiscal. La primera se relaciona con los billetes de 500 euros, que ya no se emiten en la Unión Europea aunque se permite su circulación, ya que se han vinculado en múltiples ocasiones con la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Y es que cualquier situación en la que un individuo se sirva de uno de estos ejemplares llamará la atención de Hacienda, otra actuación llamativa son las retiradas de dinero de cuentas bancarias por un importe que iguale o supere los 3.000 euros, otro movimiento que levantará sospechas en el fisco.
En 2013 el Gobierno puso en marcha un buzón contra el fraude con el que apela a la denuncia ciudadana anónima. El resultado han sido 1.592 empleos y 1,4 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social aflorados y sanciones a empresas por valor de 4,4 millones. Menos de lo que esperaban los técnicos. Para incrementar la recaudación se ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones abonar compensaciones económicas a los denunciantes de delitos fiscales, como lleva proponiendo desde hace años la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, algo que desde la AEAT han rechazado.
