La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha celebrado que la semana pasado el Gobierno aprobase el real decreto-ley que, entre otras cosas, habilita a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a limitar la entrega de nuevas autorizaciones VTC con arreglo a criterios medioambientales, de congestión del tráfico o de ocupación del espacio público.
«Tras más de doce años de caos regulatorio en el transporte, esta norma es lo más cercano que ha habido a nivel nacional a un intento real de ordenar el transporte en base a cuestiones de interés general», ha destacado el presidente de Antaxi, Julio Sanz.
Así, la organización considera que la nueva normativa supone una «mejora en la senda hacia la consecución de un transporte urbano sostenible, con garantías para mejorar la calidad del aire y la eficiencia en el uso del espacio público».
Sanz también ha recalcado que «era necesaria» una regulación «urgente» para evitar el «impacto descontrolado» de la revisión de «decenas de miles» de autorizaciones de VTC cuya denegación estaba recurrida y que, en su opinión, «hubieran supuesto un tremendo ‘shock’ para el sistema de transportes y las condiciones viarias» de las ciudades españolas.
En este contexto, la organización ha trasladado su «satisfacción» con que el Ejecutivo haya mantenido en la legislación la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis, un decisión que Sanz ha tildado de «responsable».
En este contexto, Antaxi ha instado a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales que se están conformado para que «asuman la nueva norma y apliquen los nuevos criterios» del real decreto-ley.
«Ha llegado el momento de impedir que se puedan seguir realizando solicitudes masivas de autorizaciones VTC, que se hacen de espaldas a cualquier criterio de necesidad o proporcionalidad, y que tanto daño han hecho a la movilidad en las ciudades», ha opinado Sanz.
«NO PERJUDICAN A NADIE»
El Gobierno ha asegurado que las restricciones que se aplicarán a partir de ahora a las nuevas autorizaciones de licencias VTC persiguen el interés general y «no pretenden perjudicar a nadie», por lo que también se podrán aplicar a las nuevas licencias de taxi.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han matizado que la nueva normativa solo se aplicará a las autorizaciones estatales, de las que actualmente hay unas 60.000 de taxi y 18.000 de VTC, lo que supone unos 3,3 taxis por cada VTC.
A partir de ahora, y solo para nuevas licencias, la autorización podrá quedar supeditada a criterios medioambientales, de congestión del tráfico o de ocupación del espacio público que cada comunidad o ayuntamiento decida.
De este modo, un municipio podría establecer un límite de taxis y VTC y, una vez se alcance, no se darían más licencias ni a taxis ni a VTC. Otras restricciones podrían ser límites en los índices de calidad del aire –que no se entreguen más licencias hasta que no se baje de un cierto umbral– o la limitación de actividad a zonas de bajas emisiones.
A todas las peticiones que no cumplan con esos requisitos que imponga cada ente local o autonómico se le otorgará un periodo de espera de 3 años, durante el cual podrá obtener la licencia finalmente si esos umbrales se cumplen durante ese periodo.
Por otra parte, para que una licencia pueda ser entregada ahora, el solicitante tiene que tener un vehículo específico para el desarrollo de esta actividad. Antes ocurría que algunas grandes empresas de VTC tenían muchas más licencias que coches, ya que pedían varias licencias solo con un vehículo, algo que ahora no se podrá hacer.
