En menos de un mes, las compañías españolas deberán adoptar nuevas e importantes medidas en materia de compliance como implementar un canal de denuncias internos en su organización, según la nueva Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de la Lucha contra la Corrupción. Entre otras medidas, la norma obliga a todas las empresas con más de 50 trabajadores, así como a cualquier tipo de administración pública, a implementar canales de información privados que aseguren a los informantes un entorno de comunicación segura, confidencial o incluso anónima con la organización.
En España existen más de 26.000 empresas entre 50 y 250 empleados, que están preocupadas por la urgencia de aplicar una medida para la que no están preparadas, ni cuentan con la infraestructura necesaria. Según un estudio de la firma líder de servicios profesionales Grant Thornton, en 2020 el número de empresas que disponía de un canal de denuncias no llegaba al 10% y actualmente estiman que está en el 20%.
La nueva normativa no solo obliga a disponer de un software o plataforma para informar de irregularidades, también deberán contar con la infraestructura necesaria para gestionar y tramitar las denuncias, además de un código ético y la figura del compliance officer que lidere el proyecto. Ante la dificultad de muchas pymes de gestionar el canal internamente, la norma permite externalizar en servicio a compañías especializadas que se encargan de todo el proceso.
GRANDES EMPRESAS YA APLICAN EL CANAL DE DENUNCIAS
Hay que recordar que desde 2021 tener un canal de denuncias se aplica obligatoriamente a las que tengan más de 250 personas en plantilla. Algunas de ellas han informado de los despidos que han llevado a cabo a raíz de la información que les ha llegado a través de esta vía. El acoso laboral se ha destacado como uno de los principales motivos para los despidos a causa de las denuncias internas
Los principales bancos de nuestro país como Banco Santander, BBVA o Caixabank implantaron hace años ya esta herramienta, incluso antes de que fuese obligatoria, precisamente para comunicar cualquier tipo de irregularidad que pudiera estar cometiendo alguien de la organización, independientemente de que tenga un puesto más o menos relevante dentro de la empresa por haber infringido el código de conducta.
En el caso de la entidad que preside Ana Botín que fue uno de los pioneros al implantarlo en 2015, ha despedido a 1.014 personas desde que puso en marcha el canal de denuncias. Sólo en 2022, 387 empleados de la entidad fueron cesados por denuncias de compañeros en el canal interno del banco. Por su parte BBVA informó que en 2022 había despedido a 8 trabajadores por quedar probadas conductas de acoso sexual en las 13 denuncias interpuestas por esta causa.
A su vez Telefónica que implementó esta el canal de denuncias en 2016, su implantación ha provocado que casi 1.000 empleados hayan visto rescindido su contrato a raíz de las investigaciones practicadas con este método. Según datos de la propia compañía, se reciben al año unas mil denuncias de las que -tras investigarlas- se han considerado fundadas unas 500 al año.
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, PRINCIPALES MOTIVOS
Aunque no está cuantificado con datos, los responsables de compliance de las empresas han detectado un aumento de denuncias por casos de acoso sexual en el entorno de trabajo. El otro motivo principal de queja es el acoso laboral conocido como mobbing por parte de algún superior o algún compañero.
Este tipo de herramientas, no solo protegen al alertador, sino que ofrecen a la compañía información de gran valor que le permitirá prevenir y corregir conductas irregulares susceptibles de causar importantes daños reputacionales, así como detectar ineficiencias de negocio. Esta nueva forma de comunicación pretende precisamente que se puedan ocultar comportamientos denigrantes o delictivos por parte del algún trabajador.
La normativa es rigurosa en cuanto a las características que debe reunir el canal de denuncias y en cuanto a la tramitación que debe darse a las denuncias recibidas. Así, el sistema deberá garantizar la seguridad de la información, cumplir con los requisitos de la normativa de protección de datos de carácter personal, estar preparado para recibir denuncias de forma anónima y contar con un procedimiento reglado de gestión e investigación.
Las compañías que incumplan la nueva Ley de protección del denunciante, una vez entre en vigor, se enfrentan a sanciones que van de los 600.000 € al millón de euros en los casos más graves.
