La controvertida aprobación de la nueva ley de vivienda ha abierto un nuevo escenario para el descrédito de los partidos políticos. A las puertas de las elecciones municipales y con vista en las generales, se ha convertido en un campo de batalla en el que nadie quiere quedarse atrás y del que todos quieren rascar hasta el más mínimo voto al electorado.
La nueva ley de vivienda, apoyada por el Gobierno, con ERC y Bildu, no solo ha fracturado al ejecutivo progresista, sino que cuenta con la oposición del resto de la Cámara. El arma perfecto sobre todo por su alto índice intervencionista lo que ha puesto de acuerdo a oposición y expertos de cara a su puesta en marcha y con el ojo puesto en las próximas elecciones. La ley se postula así como el nuevo comodín de cada legislatura, lo que podría dificultar su aplicación.
Partiendo de esta base, el abanico de políticas de vivienda es tan amplio como facciones políticas encontramos en el panorama nacional, abarcando desde las medidas más radicales a aquellas más irresolutas. Analizamos las propuestas más significativas e irreverentes de los principales partidos políticos.
VOX
Sin duda, el foco principal de la política de vivienda de la formación verde se traslada a la okupación y los posibles problemas de esta con respecto a la propiedad privada y, por ende, en la sociedad. De hecho el partido de Abascal habría presentado varias iniciativas para intentar aliviar esta cuestión, como por ejemplo agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, modificando el artículo 245 del Código Penal, además de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En lo relativo a vivienda, también ha trabajado en impedir el empadronamiento de inmigrantes ilegales en cualquier municipio y de los «okupas» en inmuebles usurpados. Medidas que irían unidas a un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de cara a los desalojos en inmuebles ilegalmente ocupados. Además propone permitir los delitos de ocupación sean tramitados vía procedimiento de enjuiciamiento rápido y que los delitos de ocupación sean tramitados vía procedimientos de enjuiciamiento rápido.
Por último, relativo a la okupación la política sobre vivienda de VOX promueve la creación de un registro de datos históricos de zonas afectadas por la ocupación, impedir que los okupas ilegales puedan empadronarse en la vivienda, así como condiciones para mejorar y dar mayor seguridad al mercado inmobiliario nacional. En este punto proponen medidas como implementar sistemas que digitalicen el proceso de tramitación de licencias, incrementar el número de profesionales en ayuntamientos encargado de la concesión de licencias o promover la instauración de la declaración responsable y de la comunicación previa como sustituto de la obtención de licencia urbanística.
En cuanto a lo relativo a la oferta de viviendas en alquiler o venta, las propuestas de la formación va desde el fomento de actividades de rehabilitación de vivienda, mediante ayudas, así como ayudas o facilidad de créditos para la adquisición de viviendas. Esta medida de «ayudas» estaría unida a una liberalización total del suelo y al incremento de beneficios fiscales a las rentas de alquiler para fomentar que los propietarios pongan sus viviendas vacías en alquiler.
De hecho, en Castilla León, donde el partido tiene responsabilidades de Gobierno, ya se han llevado adelante algunas actuaciones relativas a vivienda como son la rebaja del 20% en la vivienda pública rural, avales de hasta el 97,5% para hipotecas o ayudas de hasta 375 euros al mes destinados al pago del alquiler.
PP
Probablemente el Partido Popular ha sido uno de los más críticos con la actual Ley de Vivienda, la cual han llegado a calificar como un «chollo para los okupas». Para ello, los populares, abogan por atender las recomendaciones de organismos como el Banco de España o Airef, que piden que las ayudas se centren en los sectores con mayores dificultades y se concedan en una sola vez para intentar no distorsionar el mercado.
Insiste en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado de Vivienda, en el que participen autonomías, ayuntamientos y sector privado, y rechaza poner un tope al alquiler porque, en aquellos lugares en los que se ha aplicado, ha supuesto una reducción del número de inmueble. 10 grandes puntos en los que encontramos presente medidas de reactivación, la búsqueda de una mayor seguridad jurídica real y una mayor innovación.
Seguridad jurídica que pasa por la aplicación de medidas que controlen la okupación, eso sí algo más leves que las propuestas por VOX. Desalojos en 24 horas, recuperación y devolución lo más rápido posible o agravar la figura penal del delito de okupación, son algunas de las propuestas que se hacen desde el partido de Feijóo. Además, «Daremos más herramientas jurídicas a los magistrados y a las Fuerzas de Seguridad. Además, extenderemos el modelo de Oficina Antiokupa por todo el territorio», adelantaba hace unos días Juan Bravo, el vicesecretario de Economía de PP.
Rechazan por completo el tope al alquiler, ya que consideran reduciría notablemente el número de inmuebles ofertados. Apuesta por incrementar la oferta de vivienda, lo que requiere un trabajo conjunto del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a la hora de ofrecer suelo público para alquiler y construcción. Para ello además proponen facilitar suelo «Cederemos el suelo al inversor que concurse. Siempre, eso sí, con el compromiso de que esos domicilios se pongan en alquiler con un precio un 40% menor que la media», actualizaba el vicesecretario.
Además, para acercar la vivienda a los más jóvenes, proponen ofertar un aval del 15% complementario para todos los menores de 35 años que quieran comprar su primera casa. Así como una ayuda de 1.000 euros de la que podrían beneficiarse cada año unos 400.000 jóvenes menores de 35 años que quisieran alquilar o comprar su primera vivienda. «Serán beneficiarios de esta medida todos aquellos jóvenes que tengan una renta menor de 40.000 euros anuales. Los que cobren por debajo de los 30.000 recibirán, de forma íntegra, los 1.000 de ayuda. Si cobran más, hasta los 40.000, recibirán una parte proporcional», medida que ya se aplican en comunidades gobernadas por el PP.
Otro de los grandes puntos del Partido Popular es el de los incentivos fiscales copan otro gran punto de este Plan presentado por el PP. “Si un propietario reduce el precio de su piso un 5%, le bonificamos un 90% del rendimiento. Si prioriza a un inquilino joven, se le ofrece una rebaja fiscal” ha recordado Juan Bravo.
PSOE
Después de la polémica levantada por la promulgación de su Ley de Vivienda junto a Podemos, el Partido Socialista se mantiene firme en algunos de los puntos presentes en esta, basados en favorecer el acceso a la vivienda, con un esfuerzo nunca superior a la tercera parte de los ingresos familiares, así como un amplísimo número de medidas destinados a proteger al inquilino y su derecho a la vivienda.
Para ello, más allá de poner el ojo en la okupación, pone la lupa sobre aquellas familias o personas más desfavorecidas. Propone la creación de una oficina central anti desahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento, la disponibilidad de viviendas en régimen de alquiler social para aquellas personas que hayan aplicado la dación de pago en una vivienda o la hayan perdido por insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio.
Propone recuperar la Vivienda de Promoción Pública y evitar la venta especulativa de los parques públicos municipales de viviendas. Así, esta vivienda de promoción pública debe de destinarse preferentemente al alquiler. Del mismo modo, las entidades de crédito deben financiar a largo plazo a los promotores públicos de viviendas protegidas. El ICO deberá de garantizar una proporción de la financiación, vía préstamos hipotecarios, de los objetivos de política de vivienda protegida.
Esto se lograría a través de un planteamiento urbano en el que se proteja la reserva de suelo suficiente con destino al parque de viviendas de alquiler y para vivienda protegida o equivalente en el planeamiento urbanístico y el porcentaje público de plusvalías que corresponde a la administración local. Una distribución en coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, estableciendo la correspondiente dotación presupuestaria para desarrollar una nueva política de vivienda.
Además, la política de Vivienda del PSOE pasa promocionar el alquiler a través de desgrabaciones en el IRPF del 60% del importe obtenido por el arrendador y reintroducir las desgravaciones fiscales al alquiler para las rentas más bajas, así como mantener las ayudas al alquiler en los niveles del actual gobierno.
Propone también imponer una tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las entidades financieras fruto de los desahucios para incentivar su oferta como viviendas en alquiler. Así como fomentar la liberación de suelo perteneciente a Defensa no utilizado para la construcción de viviendas sociales, de acuerdo con la planificación urbana de la ciudad compacta, medida presente en la actual ley.
En cuanto a ayudas a la rehabilitación la política del Partido Socialista se centra en los créditos ICO y en su actuación para la rehabilitación y renovación de viviendas, en especial a mejorar la accesibilidad y a propiciar el ahorro energético.
PODEMOS
Más allá de sus propuestas en la Ley de Vivienda aprobada esta semana en el Congreso, la formación morada defiende una política mucho más social y sostenible. Es en este último punto en el que ofrecen un amplio número de medidas entre las que figuran la rehabilitación de al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz o la creación de una empresa pública eléctrica para llevar a cabo la transición ecológica, luchas contra el cambio climático y bajar la factura de la luz.
Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad, conforme al derecho internacional, así como garantizar una segunda oportunidad para las personas con deudas e intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios, tal y como han logrado legislar en el texto actual.
Pero sin duda, el punto más conflictivo de la política de viviendas de Podemos, proponen crear un parque de alquiler público a precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a grandes tenedores de vivienda vacía. Así mismo proponen prohibir los desalojo sin alternativa habitacional, proteger a los deudores hipotecarios, frente al propietario o luchar contra la especulación de las viviendas y los fondos buitres.
También hay hueco entre sus propuestas para la creación de una garantía económica de vida para las mujeres que padecen violencias machistas, así como medidas para la recuperación de la España vaciada.
CIUDADANOS
Hace tan solo unos días, la formación naranja daba un golpe en la mesa y presentaba su medida “estrella” para la campaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En CS rechazan el tope al precio del alquiler propuesto por la coalición y sus socios, y ofrecen una medida centrada en la compraventa de inmuebles por parte de los jóvenes. El partido propone que los menores de 35 años puedan acceder a una parte de su futura jubilación (hasta un 10%) en un pago único para pagar la entrada de su primera vivienda.
Medida a la que además se suma la bonificación completa de ITP, rango variable según la comunidad autónoma pero que oscila entre el 4% y el 11,5%, para la compra de primera vivienda para los menores de 35 años. Con una única condición asociada, que se resida de forma habitual en esa vivienda durante los siguientes 5 año en aras de evitar la especulación.
Además de esta medida, durante estos años Ciudadanos en la Comunidad de Madrid a permitido el desbloqueo de desarrollos urbanísticos al suroeste o norte de la capital, que han permitido 55.000 viviendas accesibles. Y es que su política pasa por incrementar el número de viviendas disponibles“podríamos prometer topar el alquiler, una idea mágica e irrealizable”, remarca Begoña Villacís.
Por último, la formación naranja propone un paquete de bonificaciones para fomentar la puesta de viviendas en alquiler por sus propietarios. Una primera bonificación del IRPF del 95% en los rendimientos obtenidos por aquellos que pongan su vivienda a disposición de los programas públicos de alquiler de las administraciones públicas. Otra de estas ayudas sería la bonificación del 80% en el IRPF para las rentas obtenidas por aquellos que alquilen vivienda a menores de 35 años, considerando así las dificultades de este colectivo para acceder a la vivienda, con el objetivo de beneficiar a propietario e inquilino.
