Desde que el Congreso aprobara la Ley de la vivienda esta no ha estado exenta de polémica. A espera de ratificación por el Senado, economistas, profesionales del sector legal e inmobiliario se muestran críticos frente a esta. Principalmente el foco se pone al centralizar dicha ley en los pequeños tenedores algo que, tal y como justifican los expertos, no solucionara los problemas del sector, sino que provocará la reducción de la oferta en el mercado del alquiler.
Mientras a los economistas no les convence el control exacerbado de precios, inmobiliarias y juristas se centran en las diferentes interpretaciones que se podrían hacer del texto, así como las diferentes fisuras que podría encontrar y que podrían pasar a definir un mercado altamente tensionado.
Una reforma que encontraría su principal problema en el control de cumplimiento de esta legislación “pasó en París o en Berlín que las mismas administraciones avisaban de lo complicado que era que los propietarios cumplieran esa legislación, no es solo legislar, hay que poner esfuerzos en que se cumplan, y es lo que está costando ver aquí” tal y como apunta, Ferrán Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.
Es esta falta de control la que provoca que muchos propietarios busquen el modo de saltarse el control de precios. “El alquiler por habitaciones seria un manera de escabullirse, no habría limitación de precios, así como la proliferación de alquileres temporales”, señala Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona. Un rehuso de la ley que permitiría a los propietarios poder fijar los precios sin un límite, perjudicando directamente al usuario dificultando el acceso al alquiler, con la consecuente disminución de viviendas de alquiler completo y larga temporada.
Los grandes afectados: los pequeños propietarios
Y es que a ojos de los profesionales legales, la ley no soluciona nada. Si el foco se pone sobre los pequeños propietarios lo que va a hacer es cerrar la puerta a los inquilinos, ya que los gastos relativos a los activos inmobiliarios supondrán más perdidas que ganancias. Una ley que en palabras de Arantxa Goenaga “se han centrado mucho en las personas vulnerables trasladando de los poderes públicos a los particulares el poder mejorar ese parque público para aquellas personas que tienen limitación, ya que todo el mundo tiene derechos a tener una vivienda digna”.
Una responsabilidad que recae sobre pequeños tenedores y que “lo que hace es limitar precios y condiciones, poner trabas en lugar de incentivar beneficios sociales y que va a provocar que los grandes inversores busquen más rentabilidad en las comunidades donde no se aplique”, concluye Arantxa. Problema que surge cuando se legisla de manera homogénea, en cuanto a precios de alquiler, en un mercado tan diferenciado.
Un desamparo ante la ley que también denuncian frente a los costes de agencia. Con la nueva ley estos recaen íntegramente sobre el propietario lo que a nivel legal consideran injusto. Esto además podría promover la proliferación de alquileres temporales y vacacionales, o el trato entre propietarios e inquilinos a espaldas de las agencias.
Una ley “volátil”
Pero este no es el único inconveniente que encuentran expertos, “uno de los grandes problema que puede plantearse, que cada vez que haya un cambio de gobierno, cambie la ley en materia de vivienda, es algo que alarma. En cuestión a los consensos mínimos es difícil pero deberían de ser consensos que tuviera durabilidad en el tiempo, por ejemplo, generar mayor vivienda de parque público es común, si se hacen efectivas o no es otra cosa”, apunta Ferrán.
Otro de los puntos conflictivos, sin duda, es el incremento del IBI hasta un 50% en viviendas deshabitadas más de dos años, del que sin embargo están exentas segundas viviendas, con conflictos entre herederos, viviendas deshabitadas por motivos de salud, en estado de rehabilitación o okupadas, y del 100% si ha estado vacía más de 3 años o propietarios con más de 4 viviendas de las cuales dos hayan estado desocupadas sin ninguna circunstancias de las antes señaladas. Condiciones ya presentes a nivel municipal pero que los ayuntamientos, por lo general, no han aplicado y que, además, tienen bastante dificultad de control.
El problema de la okupación, sin solución
Los expertos propone buscar otras alternativas, favorecer procedimientos de desahucios, por ejemplo. Desde hace unos años los lanzamientos se realizan de forma secreta para evitar una mayor movilización de los okupas, por la nueva ley, esta se ha eliminado, estableciendo una garantía esencial para estos y dejando desprotegido por completo al propietario.
Otra de las preocupaciones dentro del sector se encuentra en la información que debe dar una inmobiliaria acerca de los pisos que ofrece por la que debe detallar el estado de okupación de cada piso. En el caso de que existan mafias controlando estos inmuebles, ahora por ley, podrán conocer quien es el propietario, además de saber si la vivienda se encuentra libre o no, «una burocracia sin sentido que solamente perjudica a los usuarios».
