Universal Tecno Services (UTS) ha demandado al Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, y hasta el pasado mes de enero por Jaume Collboni, líder del PSC, por una cuantía de 85,389 millones de euros. El Juzgado de lo Contencioso 14 de Barcelona ha admitido el recurso de UTS tras la resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial dictada por el Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de la Ciudad Condal en referencia a la contratación y convenios.
El Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa es Ada Colau, y que hasta enero de este año tenía a Jaume Collboni, el candidato del PSC a las próximas elecciones municipales como su lugarteniente, tenía 20 días para facilitar todo el expediente administrativo en relación a UTS, uno de los operadores más activos en Barcelona Wifi Premium, la red inalámbrica de pago que se puede utilizar en la Ciudad Condal, según el escrito al que ha podido acceder MERCA2.
el foco se centró en el Instituto Municipal de Informática para conocer las intervenciones realizadas en relación con la queja de UTS
Asimismo, el juez ha decretado la posibilidad de interponer un recurso de reposición para tratar de paralizar el proceso, detallando la infracción en que haya incurrido la resolución. En caso contrario, no se admitirá la impugnación.
EL WIFI PREMIUM DE BARCELONA, UN CASO INICIADO EN 2017
El caso viene de lejos y afecta directamente al área de Tecnología y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona, que fue dirigida por Jaume Collboni. El inicio del proceso se centró en una queja ante el Síndic de Greuges de Barcelona -defensor del Pueblo en Barcelona- por el uso de las antenas de titularidad pública Barcelona Wifi. Desde la Administración le derivaron a Tradia, la gestora de este servicio y que se había adjudicado el contrato el pasado 15 de mayo de 2017 con una duración de cuatro años.
Sin embargo, el servicio no funcionó nunca, pese a estar contratado y pagado con antelación. En abril de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una investigación, con una resolución firme, certificando que el servicio no funcionaba, exigiendo que se instara al gestor del servicio que todo el sistema de Barcelona Wifi debía rendir tal y como se establecía en la licitación.
En vista de que no se solucionó nada, UTS inició dos procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, en 2020 y otro en 2021, con Collboni al frente del área de telecomunicaciones del Ayuntamiento. Sin embargo, desde el gobierno municipal se notificó el desistimiento al no aportar la documentación exigida. Sin embargo, la empresa negó en rotundo que faltara papel alguno e interpuso un recurso potestativo de revisión, sin que hubiera un posterior pronunciamiento de la Administración pública.
EL SÍNDIC DE GREUGES DE BARCELONA DA LA RAZÓN A UTS
El Síndic inició la instrucción del expediente para estudiar los hechos y valorar la situación para defender y salvaguardar los derechos fundamentales que debería preservar la Administración barcelonesa. Tras las pesquisas, el foco se centró en el Instituto Municipal de Informática para conocer las intervenciones realizadas en relación con la queja de UTS.
Las peticiones del Síndic se realizaron en marzo de 2022 y se obtuvo la respuesta el 15 de diciembre, es decir, nueve meses después. «El escrito expone, de forma extensa y detallada, la actuación del Instituto Municipal de Informática (IMI), en relación con la tramitación del expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por el interesado, motivada por el incumplimiento contractual de la empresa Tradia Telecom, SA (TRADIA) en la prestación del servicio de acceso a la red de antenas wifi de Barcelona», según la resolución del Síndic. Asimismo, se informó que este mismo caso estaba pendiente de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
Las primeras quejas de UTS que fueron remitidas a la CNMC el 4 y el 11 de septiembre de 2017. Y es que, según el demandante, se le denegó el acceso a la red de antenas Wifi de la ciudad de Barcelona, gestionadas por Tradia Telecom, propiedad de Cellnex. Según el contrato público, una de las cláusulas exige a la empresa adjudicataria prestar una serie de servicios mayoristas a terceros, entre los que destaca Barcelona Wifi Premium.
GRAVES PERJUICIOS PARA UTS POR EL WIFI PREMIUM
UTS contrató este servicio de pago el 15 de mayo de 2017 con el fin de ofrecer un servicio de conexión a los ciudadanos y visitantes de Barcelona. Sin embargo, el operador denunció los múltiples fallos técnicos que imposibilitaron la prestación del servicio minorista, causando «graves perjuicios económicos y de imagen comercial».
Por ello, pidió abrir una investigación y exigió al Ayuntamiento de Barcelona que se le diera el servicio contratado de Wifi Premium en la mayor brevedad posible. En octubre de ese mismo año, se realizó un requerimiento de información tanto a UTS como al Instituto Municipal de Informática para tratar de esclarecer los hechos. Ambas empresas los facilitaron en tiempo y forma poco después.
Este servicio de Wifi Premium es de pago y no está limitado con 256 Kbps, mientras que Barcelona Wifi es libre y gratuito, pero con una duración y velocidad determinadas.
UTS presentó el 24 de noviembre de 2017 nueva documentación y alegaciones para certificar y corroborar los hechos denunciados. En enero de 2018, Tradia se incorporó al proceso como parte interesada al ser denunciada como responsable civil subsidiario al tener la gestión del servicio.
LA CNMC EXCULPÓ A TRADIA, PERO ABRIÓ LA PUERTA JUDICIAL
A partir de entonces, la petición de requerimientos a las empresas se fueron sucediendo. Sin embargo, no fue hasta el invierno de ese año cuando la CNMC decidió realizar la prueba ‘in situ’. Es decir, corroborar si el Wifi Premium de Barcelona funcionaba. El 10 de diciembre se realizó la inspección de los puntos de acceso por parte de los inspectores de la CNMC para comprobar los hechos denunciados.
«La inspección consistió en conectarse a puntos de acceso de la red WiFi titularidad del Ayuntamiento de Barcelona para comprobar si se podía acceder al portal cautivo y a los servicios de acceso a internet proporcionados a través de la red WiFi del Ayuntamiento de Barcelona, UTS y Eurona», señala la resolución de la CNMC.
Entre finales de diciembre y enero de 2019, UTS y Tradia presentaron las alegaciones, pero no llegaron las del Instituto Municipal de Informática, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. Según UTS, esa red Wifi Premium era explotada por otros operadores, a los que la filial de Cellnex habría prestado un servicio de mayor calidad. Sin embargo, no aportó prueba alguna para acreditar la afirmación.
En una resolución de fechada en noviembre de 2019, la CNMC eximía a Tradia de responsabilidad, pero dejaba la puerta abierta a UTS para iniciar un contencioso administrativo, cuya demanda se ha admitido a trámite hace apenas 10 días y que apuntan directamente a Ada Colau y Jaume Collboni.
