A falta de un día para la aprobación definitiva de la Ley de Vivienda, las ampollas generadas por su inminente entrada en vigor son cada vez mayores. Y es que el texto alberga grandes lagunas y sinsentidos legislativos en aspectos tan fundamentales como los okupas, las VUT o el intervencionismo en los precios del alquiler.
Uno de los últimos en hablar del asunto ha sido la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), quienes afirman que “la nueva Ley de Vivienda provocará una reducción drástica de la oferta en el mercado del alquiler”. Uno de los tantos efectos de los que alerta no solo ANA, sino el sector en general, que no ve con buenos ojos la nueva normativa nacional.
Ley de Vivienda va a ser «nefasta no solo para arrendadores, promotores e inversores
De hecho, otra de las consecuencias podría pasar por una cierta inseguridad jurídica “de cara a que un arrendador tenga que recuperar su vivienda por impago de un inquilino”, como redacta la propia legislación en el caso de desahucios o de okupación. En tales situaciones será el propietario el encargado de demostrar administrativamente la no solvencia económica del inquilino o el uso habitual de la vivienda en el caso de que se trate de una okupación.
Es por este motivo que José Ramón Zurdo, director general de ANA afirma que la nueva Ley de Vivienda va a ser «nefasta no solo para los arrendadores, sino también para inversores, promotores y los propios arrendatarios. Sin contar con los efectos negativos sobre el mercado del alquiler, ya observados durante los últimos dos años con los decretos ley que se han ido aprobando.
MÁS REQUISITOS PARA LOS INQUILINOS
En la línea, la Agencia Negociadora del Alquiler también señalan que la Ley de Vivienda podría perjudicar gravemente a los inquilinos. Dada las medidas que van a regular los precios del alquiler, y el tope máximo del 3%, desde ANA advierten que los propietarios podrían endurecer las condiciones y los requisitos a la hora de firmar un contrato.
Aún así, la realidad de ANA es que todas las medidas que contiene la ley «van en contra de los arrendadores e inversores, que son los únicos que pueden generar oferta.” De ahí la reiteración de Ramón Zurdo de la posibilidad del descenso en la oferta de viviendas.
Si bien, desde el portal inmobiliario Fotocasa ya alertaron que durante el último semestre de 2022 la oferta residencia en España suponía un 15% frente al más del 80% de la demanda.
Puede producirse la desaparición de algunas agencias inmobiliarias que se dediquen al mercado del alquiler
Por eso “también afectará negativamente a los promotores inmobiliarios, ya que la cantidad de limitaciones impuestas provocarán una reducción en las rentabilidades a los inversores.”
Con todo, ANA señala que la Ley de Vivienda “podría llevar a que el mercado del alquiler se desplace hacia otros tipos, como el turístico o el de locales, y habrá un trasvase hacia la compraventa.”
“A su vez puede producirse la desaparición de algunas agencias inmobiliarias que se dediquen al mercado del alquiler, pues no podrán cobrar sus honorarios a los inquilinos“, para lo que plantean la opción de cobrar ese honorario a los arrendadores.
METROVACESA APELA A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS COMPRADORES
De otro lado, desde la promotora española Metrovacesa se han referido a la Ley de Vivienda para alertar de las posibles consecuencias en el dinamismo del sector inmobiliario, y añadir el lastre que podría crear en la creación de empleo y la disminución de la oferta de vivienda en el país.
“Restricciones al mercado de alquiler y nuevas cargas urbanísticas al suelo”
«La elevada y posiblemente persistente inflación, el incremento de los costes de construcción, la subida de los tipos de interés y la cada vez mayor carga impositiva que sufrimos en España hacen que el esfuerzo económico sobre la renta disponible de los compradores de vivienda sea cada vez más elevado».
Para la compañía, la nueva legislatura lo único que va a provocar son «restricciones al mercado de alquiler, nuevas cargas urbanísticas al suelo, además de incluir otros aspectos desfavorables para el propietario de viviendas. [..] Así como el efecto desincentivador de nuevas inversiones, perjudicando el dinamismo, la creación de empleo y riqueza del sector y, en último término, la propia oferta de vivienda».
