La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) considera que la futura Ley de Vivienda es una «gran pérdida para la economía en general», ya que, en opinión de su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, perjudicará a inquilinos, propietarios y a potenciales inversores.
«Esta nueva norma desincentivará proyectos que podrían profesionalizar y ampliar la oferta de vivienda como ‘Build to Rent’, así como las grandes rehabilitaciones de inmuebles destinados al alquiler», apunta el presidente de ACI en un comunicado.
Martí-Fluxá advierte de que este 2023 ya se observa un freno en la inversión por una incertidumbre motivada por el incremento de los tipos de interés, y cree que la futura ley podría añadir «un daño importante a la seguridad jurídica».
En el caso de la oferta, pronostica que los arrendadores «podrían llegar a retirar sus activos del mercado», con la consiguiente reducción de viviendas en alquiler. Asimismo, se opone a los topes al alquiler, y señala que «la experiencia ha demostrado con claros ejemplos cómo los límites al alquiler no han sido efectivos».
ACI reconoce que existe un problema de vivienda en España y aboga por implantar avales y garantías públicas para la compra de vivienda, mayores bonificaciones en el IRPF para los arrendadores de vivienda, una mayor flexibilización de los usos del suelo para potenciar el urbanizable, la necesaria colaboración-público privada, y la agilización de trámites urbanísticos, como expone en su comunicado.
Además, se muestra dispuesta a colaborar con la administración en proponer otros mecanismos que fomenten el acceso a la vivienda y que den respuesta a las necesidades reales del mercado inmobiliario. ACI agrupa a BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills.
