El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, se enfrenta a cuatro años de prisión por los contratos publicitarios que ambas entidades firmaron con las agencias Publicis y Zenith en los ejercicios 2011 y 2012 para la expansión de la marca del nuevo banco y su salida a bolsa.
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Rodrigo Rato y otras once personas “de su máxima confianza” por el presunto delito de corrupción entre particulares por dichos contratos, en los que habría mediado una comisión de 2,02 millones de euros. Será la primera pieza del conocido como ‘caso Rato’ que será enjuiciada.
Se trata del tercer juicio que encare el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), pues ya ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel por el uso fraudulento de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia, condena que ya está cumpliendo tras confirmarse por el Tribunal Supremo. Además, ahora mismo está siendo juzgado por el mismo tribunal por la salida a Bolsa de Bankia.
El juez instructor Antonio Serrano Arnal envía también al banquillo al ex secretario de Estado de Comercio y ex consejero consultivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, y el que fuera asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita la misma pena de prisión que el exministro de Economía.
También serán juzgados la exsecretaria de Rato, Teresa Arellano; el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo; el asesor Domingo Plazas; los directivos de agencias publicitarias Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez. El Ministerio Público pide para todas estas personas tres años de cárcel.
LOS CHANCHULLOS DE RATO Y AMIGOS
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, Rato aprovechó su llegada a la Presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a «varias personas de su máxima confianza a fin de permitirle un férreo control de la misma» y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a bolsa.
El Ministerio Público asegura que el objetivo era sacar «provecho económico personal» de los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad. Para ello, Rato se sirvió de su secretaria, del administrador de sus empresas y de Norniella, con quienes mantenía «lazos personales y profesionales» desde hacía años.
Según la fiscalía, Rodrigo Rato y su círculo cercano se embolsaron 2,02 millones de euros en comisiones hasta que abandonó la entidad en mayo de 2012
A través de ellos, señala la Fiscalía, canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como «astillas», que desde las empresas contratadas por Caja Madid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad de Rato.
Asimismo, la fiscal explica que el plan de Rato para cobrar comisiones «dimanantes» de la contratación de publicidad comenzó cuando el introducido como asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, contactó a mediados de 2010 con el director de Publicis, Francisco Xavier Olazábal, para que tanto esta agencia de publicidad como la agencia de medios Zenith accedieran «en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar».
«VENTAJAS» DE LAS COMISIONES
De esta forma, continua el relato del fiscal, los altos ejecutivos y dirigentes de ambas empresas aceptaron la propuesta de Portuondo, «sabedores de las ‘ventajas’ que el pago de comisiones iba a generar» para las mercantiles.
Además, Portuondo usó su sociedad Albisa como empresa pantalla para recibir los supuestos beneficios irregulares procedentes de Publicis y Zenith. En 2011 percibió 1.244.130,72 euros y al año siguiente otros 778.023,80 euros, es decir un total de 2.022.154,52 euros. Posteriormente, se llegó a transferir a Kradonara más de 800.000 euros, explica la fiscal. Por último, subraya que el pago de comisiones desde la empresa de publicidad y la agencia de comunicación cesó una vez que Rato abandonó la entidad financiera el 9 de mayo de 2012.
En la misma resolución el juez ha acordado que se requiera a todos los procesados para que preste cada uno una fianza de responsabilidad civil por importe de 4.522.154 euros. En caso de que no se preste esta fianza, el juez les advierte de que procederá al embargo de sus bienes hasta completar la cantidad reclamada.
