Berkeley estudia distintas vías judiciales contra el Gobierno por la negativa a dar luz verde a su plan de extracción de uranio en la mina de Retortillo (Salamanca). Eso sí, la empresa australiana no ha cerrado la puerta al «diálogo».
Según ha señalado la compañía al mercado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, ha actuado «sin seguir el procedimiento legalmente establecido», y tampoco se ha tenido en cuenta los «informes de mejora» que ha facilitado la compañía para completar la solicitud inicial de construcción.
«Los argumentos del Ministerio para rechazar el proyecto no son legales», han señalado fuentes de la compañía consultadas por MERCA2. De esta forma, la australiana ha dado instrucciones al bufete Herbert Smith Freehills para estudiar las posibles vías judiciales, así como un arbitraje internacional, según han explicado. «Puede ser una, dos o varias a la vez», han sostenido, sin que una actuación pueda cerrar otra. Entre las mismas habría la posibilidad de una demanda o bien un contencioso-administrativo por la vía judicial, sin excluir el mencionado arbitraje.
BERKELEY AGUANTA SOPORTES PESE AL DESPLOME
Son sólo tres de las posibilidades encima de la mesa, ya que podría haber más líneas de actuación, según han reseñado las mismas fuentes. «Se están analizando las acciones legales, pero sin exclusión de una sobre otra», han destacado.
La decisión del Gobierno provocó una oleada de ventas en el valor, con una caída cercana al 17%. Sin embargo, los inversores mantienen la confianza en el equipo gestor al recuperar un 2% en la jornada de este miércoles. Por el momento, la firma minera está aguantando soportes relevantes, como los 0,24 euros por acción, un nivel que ha recuperado en los últimos meses y que coincide con cotas registradas en agosto de 2022. Si bien, antes del rejón de este martes, Berkeley se situaba en niveles no vistos desde abril del pasado año.
BERKELEY CONTRATA HERBERT SMITH FREEHILLS
La firma australiana vuelve a contar con el despacho Herbert Smith Freehills, que la asesora desde su llegada a España. La compañía cuenta en su consejo asesor con Rafael Miranda, ex presidente de Acerinox -se marchó con los mejores resultados de la industrial-; Miguel Riaño, socio director del bufete nombrado y especialista en energía, infraestructuras, recursos naturales y medioambiente en el mencionado bufete; así como a Jaime García Legaz, ex presidente de Aena. Todos ellos están enfocados en este asunto.
Los argumentos que esgrime la compañía para avanzar en la vía judicial pasan por el presunto incumplimiento de la normativa sobre procedimientos administrativos en España y la protección que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) otorga a Berkeley. En este sentido, la empresa ha considerado que la «denegación de la solicitud de construcción no es legal».
La negativa del Gobierno es inconsistente con las políticas europeas en materia de energía, más cuando la nuclear ha sido reconocida como energía verde
En este sentido, presentó en noviembre del pasado año una notificación por escrito de una disputa de inversión dirigida al presidente del Gobierno de España y al Ministerio de Teresa Ribera. En el mismo, la minera australiana dio a conocer el motivo de la cuestión y los incumplimientos del TCE para tratar de buscar una «solución amistosa», tal y como estipula este tratado. Ni el Gobierno ni Ribera han dado respuesta alguna para abordar este litigio.
BERKELEY ELIMINARÍA LA DEPENDENCIA DE ESPAÑA DEL URANIO RUSO
La decisión del Ministerio de la Transición Ecológica es, a juicio de Berkeley, «inconsistente» con las políticas europeas en materia de energía, más cuando la nuclear ha sido reconocida como «energía verde» por Bruselas debido a la crisis energética que asola el Viejo Continente. Para la minera, la energía nuclear está «reconocida como una de las vías para combatir el cambio climático».
Asimismo, el Gobierno de España busca alcanzar la autonomía energética a través del suministro doméstico de materias primas y, recientemente, ENUSA y Westinghouse Electric Sweden AB han anunciado que colaborarán en la fabricación de combustible VVER-440 para diversificar el acopio de este combustible nuclear y reducir la dependencia del suministrador actual, ya que el 40% del uranio que consumimos en España proviene de Rusia.
Con la mina de Retortillo, España reduciría a la mínima expresión su dependencia del Gobierno de Vladimir Putin en un máximo de 24 meses. En este sentido, Berkeley estaría en disposición de suministrar el equivalente a la importación actual de uranio que proviene de las minas rusas, con la perspectiva de cubrir la totalidad del combustible para las centrales nucleares españolas durante más de 10 años.
