El Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias que abrió contra 29 sociedades vinculadas con el Grupo Restalia –incluidas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger– a raíz de una denuncia presentada por varios franquiciados por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.
En un auto, el titular del Juzgado ha concluido que «la denuncia contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales».
En la resolución, firmada ayer lunes, el instructor ha precisado que los argumentos recogidos en la denuncia «no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis».
La causa tenía su origen en una denuncia interpuesta por el despacho Rafael Franco Abogados en la que se acusaba al Grupo de causar un supuesto perjuicio de unos 19 millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto.
En 10 folios, el juez ha señalado que no ve «elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno» por parte del Grupo Restalia hacia los denunciantes. «Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma», ha zanjado.
NO VE ENGAÑO ALGUNO
Respecto al presunto delito de estafa, el juez ha señalado que no ve «elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno» por parte del Grupo Restalia hacia los denunciantes. «Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma», ha zanjado.
Al hilo, el juez ha considerado «rechazable» que «se pretenda sostener una imputación de estafa sobre la base de que el franquiciado debe tener un precio de venta al público de los productos marcado por el franquiciante, o que los proveedores han de ser los que establezca el franquiciante, o que el franquiciado debe acatar los cambios del menú por caso que se establezcan a nivel de todo el territorio nacional».
Además, ha recalcado que «es normal y no puede reputarse como engaño el que el franquiciante presente de la mejor manera posible, con las cifras más presentables y las expectativas máximas sus negocios».
En el marco de la resolución, el instructor ha incidido en el hecho de que los denunciantes «no son meras personas físicas ignorantes del mundo de los negocios», sino personas que quieren «dedicarse profesionalmente a la restauración, a una gestión empresarial, etcétera». «Se presume en los denunciantes la capacidad básica y elemental para entender el negocio que se les propone y las grandes cifras que comporta», ha añadido.
INFORME PERICIAL
Al margen, el titular del Juzgado ha hecho referencia al informe pericial que encargó en el marco del procedimiento y en el que se menciona que, en los casos concretos de los denunciantes, todos «se vieron afectados al poco de iniciarse la actividad de franquicia por la epidemia del Covid 19».
Así las cosas, ha asegurado que tal acontecimiento «por sí solo es apto como para echar por tierra las expectativas más precisas y conservadoras de negocio, pues particularmente en el ámbito de la restauración, la epidemia supuso una merma radical en sus facturaciones».
Además, el instructor ha recordado que un «gran número» de franquiciados de The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña o La Sureña Blue actualmente «siguen abiertos al público» con una actividad lo suficientemente rentable como para mantenerse en el negocio.
