El impuesto del Gobierno a las eléctricas y la banca ya está aquí. Ya se encuentra en el Boletín Oficial del Estado y a la espera de las reacciones en el ámbito político y de las entidades financieras. Según ha sabido MERCA2, ya hay dos entidades financiera que han señalado que, pese al impuesto temporal aprobado por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, no incrementarán las comisiones como vía para aumentar los ingresos, que se verán afectados. Se trata de BBVA y Bankinter.
La cuestión es si, como temen los usuarios, la banca encarecerá el crédito por el impuesto temporal, lo cual pondría aún las cosas más complicadas en el mercado hipotecario y de consumo.
En este marco, el Banco Central Europeo (BCE) está a favor de que los bancos repercutan el impuesto a los usuarios, mientras que el Gobierno utiliza la presión de las multas para que las entidades no trasladen este coste a los clientes mediante un aumento de precios. Los tribunales tendrán mucho que decir en este tema.
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El impuesto a la banca y las eléctricas tiene una clara intención por parte del Gobierno: recaudar para tener más dinero en las arcas con el que soportar las medidas de apoyo para afrontar el complicado momento que se vive, con la inflación dispara. En el caso de las entidades financieras que, entre margen de intereses y comisiones netas, hubiesen alcanzado los 800 millones de euros de facturación en 2019 pagarán el 4,8%.
Este impuesto tiene muchos detractores, pero está por ver el recorrido que tienen estas quejas, en el sentido de sí quedarán en nada o las entidades y algún partido político acude a los tribunales.
Bankinter recurrirá el impuesto cuando lo pague, una espera que tendrán que llevar a cabo el resto de entidades financieras que quieran dar este mismo
Por ahora el resumen es que Bankinter recurrirá el impuesto cuando lo pague, una espera que tendrán que llevar a cabo el resto de entidades financieras que quieran dar este mismo -primero ante la instancia ordinaria- y no subirá las comisiones, lo mismo que BBVA, que no concreta que hará con el impuesto. «Es nuestra responsabilidad analizar los ángulos legales de todo», dijeron fuentes oficiales del banco. Estas son las dos primeras reacciones que han llegado desde entidades a la pregunta sobre el posible traslado de costes de la banca a los clientes a raíz del impuesto. “Ahora no se puede recurrir desde las entidades. El posible recurso de las entidades se abre una vez realicen el primer pago fraccionado en febrero de 2023”, explicaron fuentes financieras en relación a cuándo podrían llegar los recursos de los bancos.
ATREVERSE O NO HACERLO
El impuesto tiene muchas aristas que fueron criticadas por el Banco Central Europeo, pero una de ellas es la relativa al derecho de los bancos a repercutir al cliente el impuesto. Está por ver si se atreverán y si lo harán mediante productos más caros por sus tipos de interés o vía comisiones. La otra vía que podría afectar a los clientes es un endurecimiento de las condiciones que les permiten reducir gastos por comisiones o directamente no pagar comisiones.
El impuesto tiene muchas aristas que han sido criticadas por el Banco Central Europeo
Para evitar tentaciones, el Gobierno, según aparece en el BOE, ha establecido que “el importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, directa o indirecta” y que si así fuera, esta actuación “tendrá la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido”. El problema para las entidades viene por la parte legal, pues, según publicó el Confidencial, “Una normativa de la Autoridad Bancaria EuropeEBA que entró en vigor hace un año y que aplica el BCE obliga a que las entidades trasladen todos sus costes a los nuevos créditos”.
El BCE considera que es adecuado que se repercuta a los consumidores: De hecho, espera que las entidades, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, reflejen en los precios de los préstamos «todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales.
En su dictamen el BCE también aseguró que una prohibición general de que el gravamen se traslade a los clientes de los bancos «podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación» y explica que es «legítimo» aumentar los precios a los clientes cuando haya aumentos de costes distintos del gravamen.
«una prohibición general de que el gravamen se traslade a los clientes «podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación»
De hecho, el BCE espera que las entidades, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos «todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda». «Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no».
ANÁLISIS EXHAUSTIVO
La institución instó en su día al Ejecutivo a que elabore un “análisis exhaustivo” sobre las “posibles consecuencias negativas sobre el sector” para que el tributo no implique “riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario, la concesión de créditos”.
“El importe del gravamen podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito”, consideraron. Otro de los reparos que expresa el BCE es el impacto que pueda tener el tributo sobre la competencia, tanto en España como dentro de la zona euro. “La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones.
Todas las entidades que alcancen el mínimo de 800 millones entre margen de intereses y comisiones netas pagarán el impuesto 4,8%, pero de las extranjeras, solo la filial de BNP Paribas tiene papeletas para pagar el impuesto, en función de la consolidación.
LAS ELÉCTRICAS
En la patronal de las eléctricas señalan que la decisión de recurrir o no corresponde a cada compañía. Sobre el impuesto, apuntan que «desde Aelec hemos defendido que en caso de introducir un gravamen, era importante que este nuevo impuesto se homogeneizase con el impuesto europeo para no afectar a las inversiones renovables. Es decir, este gravamen detrae inversión en transición energética y renovables, alargando aún más la dependencia del gas y por lo tanto la crisis, afectando además a la cadena de valor industrial asociada a la transición energética. «La propuesta de Reglamento Europeo establece la fijación de un impuesto sobre beneficios al petróleo y al gas, mientras que en España se establece un impuesto sobre ingresos que también afecta a la electricidad. Ingresos que además están topados y regulados por las AAPP en 67€/MWh», indican en esta patronal.
Las empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero pagarán el 1,2 % de su cifra de negocios
Las empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero pagarán el 1,2 % de su cifra de negocios, lo que posibilita que las aportaciones de cada grupo respondan a su cuota de mercado. «Por otra parte, la regla general es que se sometan a la prestación los grupos económicos que ostentan la condición de operadores principales, definidos de acuerdo con las normas fiscales, lo que incluye exclusivamente a las empresas españolas del grupo, no siendo objeto de gravamen, por tanto, la cifra de negocios obtenida por dichos grupos mediante filiales en otros países», apunta el texto sobre el impuesto que publica el BOE.
