La activación del título III de la Ley Helms-Burton por parte de EEUU en Cuba mantiene en incertidumbre a medio sector turístico español y, más concretamente, a las cadenas hoteleras como Meliá o Iberostar. Motivo por el cual la ministra de Turismo, Reyes Maroto, mantuvo un encuentro en Cuba con parte de la industria para tranquilizar a golpe de inversiones un problema para el que España –como el resto de países europeos– depende de dos premisas: la buena voluntad de Donald Trump para dar marcha atrás o la aplicación del Estatuto de Bloqueo de la UE.
A mediados de abril fue cuando Trump levantó la liebre y anunció la aplicación de este título, que permite establecer demandas en tribunales de Estados Unidos contra quienes se beneficien de propiedades confiscadas por el castrismo. Cerca de 20 hoteles españoles en Cuba se verán afectados por estas, entre ellas Meliá, Iberostar y h20; aunque otras empresas turísticas mantienen intereses en la zona.
Desde entonces, el Gobierno español simplemente se había acogido al discurso de la UE. Pero en vista de que los intereses españoles en la isla estaban en peligro, Maroto acudió a la isla con una maleta cargada de muchas promesas e inversiones. Así, próximamente se pondrá en marcha el segundo Programa de Conversión de Deuda (PCD), con un fondo de contravalor por importe de 375 millones de euros.
También se han reforzado los instrumentos de apoyo a la inversión de empresas españolas a través de una cobertura de crédito. “Existe un gran interés en las empresas españolas por invertir en Cuba sobre todo en la zona especial de desarrollo de Mariel y valoramos positivamente la nueva legislación de inversiones extranjeras”, explicó Reyes Maroto durante el encuentro.
Y con respecto a la Ley Helms-Burton alegó que “la aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional y dará lugar a una espiral de demandas y contrademandas que empeorarán la relación económica trasatlántica sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno, ni para los demandantes estadounidenses ni para la población cubana en su conjunto”.
Una declaración de intenciones de la ministra Maroto que poco o nada sirve a los hoteleros españoles afectados por este título que necesitan respuestas rápidas e inmediatas.
LA SOLUCIÓN: EL ESTATUTO DE BLOQUEO DE LA UE
Y esa respuesta rápida o inmediata es la solución que baraja la UE: aplicar el estatuto de bloqueo. Su objetivo principal es proteger a los operadores de la UE que ejerzan actividades internacionales legales de comercio o circulación de capitales y actividades comerciales conexas con terceros países, de conformidad con el Derecho de la UE, según el Reglamento Delegado (UE) 2018/1100 de la Comisión.
Desde 1996, el estatuto de bloqueo se ha aplicado principalmente a las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos en relación con Cuba. En 1998, la Unión Europea y los Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento por el que el Gobierno de los Estados Unidos suspendía la aplicación de determinadas disposiciones de las sanciones extraterritoriales relacionadas con Cuba, mientras la UE y otros aliados continúen intensificando sus esfuerzos por promover la democracia en Cuba.
En agosto de 2018, la UE promulgó una actualización de dicho estatuto en respuesta a las sanciones de EEUU a Irán. Eso quiere decir que la UE podría aplicar una nueva actualización para proteger los intereses de las empresas europeas en Cuba.
No obstante, las compañías afectadas pueden reclamar para obtener una compensación por daños ante los órganos jurisdiccionales. La EU puede incluso conceder autorizaciones a los operadores de la UE en casos concretos y debidamente justificados, cuando exista la necesidad de cumplir en su totalidad o en parte las sanciones extraterritoriales enumeradas a fin de evitar daños graves a sus intereses. El problema es que las empresas no pueden solicitar a las autoridades de los Estados Unidos una licencia individual de concesión de una excepción o exención de la legislación extraterritorial.
España trabaja activamente junto a la Comisión Europea, el resto de Estados miembros de la UE y otros socios internacionales en la adopción de todas las medidas oportunas, entre ellas este mecanismo. Sin embargo, los expertos alertan de que la adopción de este estatuto no es tan sencillo como parece. Por ello, la incertidumbre parece que seguirá planeando sobre las hoteleras españolas.
LA RESPUESTA DE MELIÁ
Desde Meliá se mostraron confiados en que finalmente el asunto se resolverá sin mayores problemas. Así lo confirmaron en un comunicado: “Confirmamos la no propiedad de Meliá de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960, y afirmamos que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico”.
Meliá se mantiene tranquila bajo el amparo y “la reacción promovida por el Gobierno de España y la Comisión Europea a las empresas extranjeras afectadas por una ley que se considera extraterritorial, y que nos pondría en el objetivo por el simple hecho de ser un actor económico dedicado al turismo”.
