Su nombre mantendrá un papel protagónico en las preocupaciones de importantes empresarios españoles hasta el próximo 31 de diciembre. Hasta 10.000 millones de euros están en juego, cantidad que puede suponer para varias compañías nacionales la diferencia entre la quiebra o la salvación en esta tormenta desatada por el Covid. La aerolínea Air Europa (propiedad de Iberia) y la constructora Duro Felguera ya han cerrado tratos con él; un hombre que, a su vez, deberá hacer frente a polémicas políticas y conflictos internos de la entidad que ahora dirige.
Se trata del vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano gubernamental del Ministerio de Hacienda con una decena de millones de euros a repartir entre aquellas empresas que demuestren ser estratégicas para la economía española y haber sido dañadas por el Covid y no por ineficiencias ya existentes. Son muchas las firmas que han solicitado ya recibir su parte del bote: Tubos Reunidos, Celsa, Global Exchange, Mediapro…
Bartolomé, desde su cargo, desempeña actualmente las funciones de presidente, después de que Vicente Fernández Guerrero, quien ostentaba esa posición hasta octubre de 2019, fuera destituido tras ser imputado por el Caso Aznalcóllar. Tal y como recoge el portal web de la sociedad, «el vicepresidente sustituye al presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejerce aquellas funciones que el presidente o el Consejo le deleguen».
La sociedad gestora lleva hasta un año y medio sin presidente, circunstancia que ha llevado al PP a criticar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusándola de haber permitido un «vacío de poder» en el holding público.
La SEPI, sociedad que mantiene participaciones mayoritarias en el accionariado de empresas como RTVE, Correos o Navantia, se ofrece a inyectar dinero en compañías en riesgo a través del fondo de 10.000 millones aprobado por el Gobierno creado en julio de 2020.
En muchos casos a cambio, eso sí, de participaciones en el accionariado de la empresa, algo que no suele agradar a los directivos que se ven por tanto obligados a ceder parte del poder de la entidad al Estado.
Con todo ello, el sustituto del presidente debe hacer frente, a cargo del holding descabezado, a una difícil tarea en la que hay muchos intereses en juego -influencia del estado sobre empresas privadas, compañías que buscan tapar deficiencias estructurales…- y con polémicas de por medio, con un expresidente ligado a un caso de corrupción y un criticado rescate a la aerolínea Plus Ultra que pone en tela de juicio la objetividad del holding estatal.
El currículum de Lora habla a su favor: con 30 años de antigüedad en la SEPI, es un hombre de confianza dentro de este brazo del Ministerio que, huyendo del ruido mediático, va a desempeñar un rol vital en contexto de una época de máxima tensión como es la crisis económica poscovid.
EMPRESAS DELICADAS
La mayoría de empresas que han solicitado la ayuda de la SEPI pertenecen al sector del turismo. Lora tendrá, por ello, que supervisar que estas compañías cumplen con las condiciones necesarias, enmarcadas en un sector que desde la izquierda política acusan de hipertrofiado, creando una presunta dependencia estructural de España respecto del ocio extranjero.
Algunas de estas firmas son la cadena hotelera Hesperia, que pide 55 millones, Selenta, que reclama 50 millones, Ávoris (marca resultante de la unión Barceló+Globalia, cuyo rescate por 320M€ ya ha sido confirmado por Montero), y Room Mate, la hotelera de Kike Sarasola, empresario en el punto de mira desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alojara durante dos meses en 2020 en uno de sus apartamentos de lujo.
En total, las ayudas que ha pedido hasta el momento el sector turístico ascienden a los 1.000 millones, es decir, un 10% de la capacidad total del fondo.
A parte de las turísticas, otros gigantes empañados por la controversia están tocando a la puerta de la SEPI. Es el caso de Abengoa, la ingeniería sevillana en concurso de acreedores que viene tocada desde hace años con pérdidas de 549 millones y dudosas prácticas (entregó sus cuentas de 2019 con un año de retraso), y que pide 249 millones a la SEPI.
Precisamente por el deteriorado estado de la compañía, la firma desde la que han solicitado la ayuda es Abenewco 1, la filial que atesora los activos más valorados del conjunto de la empresa.
BARTOLOMÉ LORA PRESIDE UN SEPI CUESTIONADO
Son tres los rescates ya aprobados por la SEPI: los de Air Europa, Duro Felguera, y Plus Ultra. Esta última, una aerolínea que ha comprometido a la sociedad estatal tras ser cuestionada la justificación del rescate. Con un total de 53 millones de euros, el Gobierno rescató a una compañía aérea con solo cuatro aviones, que ya en 2019 registró pérdidas de 2.113.000 euros. Además, la compañía acabó 2020 con solo un avión operativo; otros dos aviones en alquiler y solo 5.840.000 de euros de patrimonio neto.
Una serie de cruces rojas por las que numerosos agentes del mercado no comprenden cómo el Gobierno ha podido considerarla válida para el rescate con dinero público. Sí que han dado con una teoría: detrás de casi el 50% de capital de la empresa se encuentra una empresa (Snip Aviation SL) en cuya mesa de dirección se sientan varios ejecutivos venezolanos vinculados al Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Así, algunos medios ya hablan de este rescate como una decisión política, algo que ciertas cifras avalan, como el hecho de que la empresa, que se define como estratégica, solo opera un 0,03% de los vuelos en España, y recibirá aún así el rescate más jugoso en cuanto a cantidad por empleado.
Desde el Partido Popular, además, también han expresado dudas sobre el rescate a Duro Felguera, empresa con dos de sus tres vocales ligados al PSOE. Un diputado popular aseveró este jueves en el Congreso: «No pensamos que eso tenga que ver, esperamos que no, pero cuando veamos todo veremos si hay sesgo en la concesión de ayudas».
La ministra Montero, sorprendida, contestaba: «Si dijera la relación de empresas en las que exministros del PP participan no habría capacidad para dar ayuda a ninguna empresa del país».
