El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva el proyecto de ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, que tiene el objetivo de fortalecer, sistematizar y dar estabilidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado.
Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, ha pasado todos los trámites de audiencia pública, fue remitida al Congreso, donde inició toda la tramitación parlamentaria, incluido su paso por el Senado, y ahora ha sido aprobada de manera definitiva en la Cámara Baja.
Entre las novedades incorporadas en el trámite parlamentario, destaca lo relativo a la prevención y lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Para ello, se ha añadido una Disposición Adicional que recoge el impulso del Gobierno para la puesta en marcha del Mecanismo Rural de Garantía.
Otra novedad se centra en la obligación de destinar, para cada proyecto de evaluación, una partida económica para su realización, que deberá especificarse de forma clara y ajustada a las necesidades reales en el encargo de evaluación.
En términos de transparencia también se amplían las obligaciones y se publicarán los informes finales de evaluación y la memoria anual en el portal temático de evaluación, además en el portal de transparencia y en el portal web de la Agencia Estatal.
OBJETIVOS DE LA NORMA
La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía. De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto.
Así, se tendrán en cuenta otras variables, como pueden ser la perspectiva de género, el equilibrio intergeneracional, el reto demográfico, la transformación digital o la sostenibilidad social y medioambiental. Asimismo, en el trámite parlamentario se han añadido otras variables como las relacionadas con la infancia, empleo o justicia social.
Para lograr los objetivos de la norma, se contempla el diseño de un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.
Asimismo, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.
NUEVA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN
Entre otras cuestiones, la nueva norma contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.
Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública: un servicio web común para todos los Departamentos; y un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional.
Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado (AGE). Además, se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán a la cultura evaluadora.
