El Senado español aprobó de manera definitiva la Ley de Memoria Democrática, cuyo propósito final es la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. De esta forma, se reivindica la defensa de los valores democráticos y de los derechos y libertades fundamentales, reconociendo a aquellas personas que sufrieron violencia o persecución y dando lugar al derecho a una declaración de reconocimiento, reparación personal y permitiendo a que hijos y nietos de españoles obtengan la nacionalidad española de manera directa, y sin tener que residir ningún plazo de tiempo mínimo en España.
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¿Cuáles son las principales novedades de la Ley de Memoria Democrática?
Fundamentada en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la Ley de Memoria Democrática entró en vigor el último 21 de octubre y reivindica expresamente la Transición, además de condenar por primera vez el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. A su vez, esta ley establece la realización de un censo para la creación de un registro de víctimas con el fin de darles visibilidad, además de declarar el derecho de que tanto familiares como el resto de la sociedad conozcan lo ocurrido.
Por otro lado, en lo que respecta a la justicia, declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y de sus sentencias, a la vez que promueve la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución en 1978. Asimismo, los contenidos de memoria estarán presentes en las enseñanzas de ESO y Bachillerato como garantía de no repetición.
Derecho a la reparación y a la justicia
En cuanto a la reparación, la Ley 20/2022 insta a la realización de una auditoría y un inventario de bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Al mismo tiempo, permite adquirir la nacionalidad española a los hijos e hijas, nacidos en el extranjero, de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978 y a los hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen por el derecho de opción.
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