Como si el Gobierno argentino no tuviese ya suficientes problemas, ahora tendrá que afrontar una denuncia por parte de la empresa española Abertis que había firmado para encargarse del mantenimiento de dos autopistas en el territorio argentino, que ahora el Gobierno amenaza con quitarles. Las concesiones de mantenimiento fueron firmadas en 2018 durante el Ejecutivo del expresidente Mauricio Macri.
Se trata de dos de los accesos más importantes por autopista a Buenos Aires. Lo que no es poco, en especial cuando una de ellas, la Autopista General Paz, viene cumpliendo en la capital argentina la misma función que la M-30 en Madrid. Visto así, tiene sentido que el gobierno actual, que se ha esforzado por borrar las huellas del anterior, vean con incomodidad que sean manejadas por una empresa extranjera.
Sin embargo, la empresa española ha argumentado que es una decisión sin fundamento. Según el contrato firmado en 2018, Abertis, a través de sus concesionarias, el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y Ausol, tenía los contratos de mantenimiento hasta 2030, pero el 11 de octubre el Ministerio de Obras Públicas interpuso un recurso ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para declarar este último contrato nulo, asegurando que dejaba al estado con una deuda millonaria, todo un tema incómodo para Argentina que no tiene buena experiencia con la deuda.
ABERTIS DEFIENDE LE DEBEN 816 MILLONES DE EUROS
El contrato firmado con el Estado Argentino, en teoría, debería obligarles a pagar unos 813 millones de dólares (816 millones de euros), un monto evidentemente nada despreciable. Por ello están recurriendo a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
La Corte es un organismo de la Cámara de Comercio dedicado a hacer cumplir sus reglamentos y decidir en caso de controversias entre sus miembros. Vale mencionar que si bien tanto las decisiones de la corte son internamente vinculantes, es complicado que las haga cumplir funcionando en la práctica más como un órgano arbitral que como una corte tradicional.
Por su lado, el gobierno argentino no solo defiende la nulidad del caso, sino que asegura que de dejarle la concesión a la empresa española sería dañino para los usuarios. Ciertamente, entre los planes de Abertis estaba subir los peajes hasta 20 veces por encima del precio actual. Ya han solicitado incluso una medida cautelar para empezar a operar estas vías desde el gobierno mientras se revisa la sentencia, considerando urgente la necesidad de volver a regular el mantenimiento de estas rutas
ABERTIS Y DOS DE LAS RUTAS CLAVE DE BUENOS AIRES
Parte del problema es que no se trata de vías cualquiera, sino dos de las rutas más importantes para la ciudad de Buenos Aires. No solo se trata de la Autopista del, Oeste que une a la capital con poblaciones como Luján, sino la autopista que le sirve de entrada por el norte, la general Paz, mejor conocida entre los argentinos como la Panamericana, y que además rodea la ciudad, facilitando la circulación interna.
En total son unos 170 kilómetros de carretera, que comparten en la concesión con la empresa italiana Atlantia. Ambas concesiones se extendieron hasta 2030 en el contrato firmado en 2018 y, según defiende la empresa española, estos acuerdos son vinculantes para el estado argentino, sin importar cambios de gobierno o nuevas administraciones. Además, señalan que si bien fueron firmados por las autoridades del estado en 2018, se trata de negociaciones que duraron 16 años, y que incluyeron a figuras que están en la administración actual.
MAYOR CONTROL DEL ESTADO
Más allá de lo que pase con el caso frente a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, lo normal sería que estas vías vuelvan a control del estado, al menos durante el resto de la administración de Alberto Fernández. Las elecciones son a finales del próximo año, por lo que para ese momento parece poco probable que este caso se mantenga en discusión, aunque se han visto cosas más extrañas en la política y en la economía de Latinoamérica.
En cualquier caso, la medida va en línea con las últimas decisiones del gobierno argentino, que ha buscado manejar la crisis global con más control del estado. De allí que no sea extraño que intenten recuperar la potestad en servicios públicos como las autopistas que estén manejadas por una concesión privada. Visto así, esta decisión no debería ser una sorpresa para la empresa española.
Tampoco es que esto deje a Abertis sin ningún tipo de presencia en el exterior. La empresa ha firmado recientemente concesiones para construir y mantener vías en Holanda y Estados Unidos, incluyendo vías históricas como el puente que conecta Rhode Island con Boston. Además de ser países económicamente más estables que la mayoría de Latinoamérica, son destinos donde, probablemente, no deban preocuparse por este tipo de acciones en el futuro.
