El pleno del Senado ha aprobado este miércoles por unanimidad –259 votos a favor y uno en contra, por un error del senador del PP Antonio Román Jasanada— la proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
El fondo prevé compensaciones tanto a trabajadores, con enfermedad profesional reconocida por esta exposición, como a otras personas que la hayan sufrido en otros entornos, y que el amianto sea «causa principal o coadyudante» de su enfermedad. También las personas herederas que dependieran económicamente de la víctima.
La norma, que tiene su origen en el Parlamento Vasco, no define las compensaciones, que deberán fijarse reglamentariamente, pero sí concreta su financiación a través de las transferencias anuales en los Presupuestos Generales del Estado, las cantidades que se obtengan a través de las reclamaciones judiciales, y las aportaciones por sanciones por incumplimientos de salud laboral derivadas del amianto.
El texto legislativo prevé que en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social formulará una propuesta de resolución, indicando la evaluación establecida sobre la enfermedad, las lesiones, su causa, discapacidad que se reconoce y compensación que corresponde.
En caso de que el solicitante acepte la propuesta, el fondo de compensación canalizará todas las acciones y derechos que correspondan a los beneficiarios y, en caso contrario, se podrá presentar recurso administrativo.
La puesta en marcha del fondo tendrá que esperar a la aprobación de su desarrollo reglamentario, que además de definir las compensaciones también determinará quién es responsable de valorar, diagnosticar y determinar las causas de la enfermedad. Para su aprobación, el Congreso ha fijado un plazo de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
