La avalancha de urnas está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Época de promesas, de poner sobre la mesa esos temas que están a la orden del día y que necesitan un empujón. Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) volverá a escuchar con atención los distintos programas políticos. Sin embargo, en la patronal aseguradora tienen cierto resquemor porque están convencidos de que será en vano.
“A veces tienes la sensación de estar frente a personas que consideran que el sector asegurador no necesita nada, no tienen ningún problema”, afirmó su presidenta, Pilar González de Frutos, durante la jornada ‘Perspectivas del seguro y de la economía en 2019’. Y necesidad, como cualquier otro sector, las tienen. Por ejemplo, defienden que habría que cambiar la fiscalidad de los productos de previsión. “Hace falta sacudir el ahorro en España, dinamizarlo, cambiar su tono”, añadió.
Porque en Unespa están cansados de escuchar palabras por parte de los políticos como ‘tienes, o tenéis razón’, ‘no va a poder ser’, ‘no lo vemos’, ‘quizá en otro momento’ o, incluso, ‘estamos en contra’. “Esta actitud por parte de los demás, por definirlos de una forma genérica, se asienta sobre varias cosas, pero la fundamental de ellas es que, muy a menudo, se interpreta que desde el seguro se defienden posiciones corporativas, de interés particular, disfrazadas de interés general”, matizó Pilar González de Frutos en la ‘Jornada sobre el índice Global del Potencial Asegurador’.
Hay políticos que piensan que el seguro defiende posiciones corporativas, de interés particular, disfrazadas de interés general
¿Por qué esta política de oídos sordos? Porque se presupone que quien defiende intereses privados es incapaz de defender lo común. Una interpretación muy española. “Otros países, de culturas políticas y sociales distintas, han abordado proyectos como a reforma de los sistemas públicos de pensiones y al frente de las comisiones de estudio sobre la materia han colocado a conspicuos representantes del sector privado sin ningún problema”, indica la presidenta de Unespa.
Dicho de otra manera, no hay razón, según la patronal, para que alguien con experiencia en el ámbito privado no pueda usarla para mejor el bien público. “La mejora de las tasas de aseguramiento tiene que contar con la complicidad de los actores públicos”, argumenta tajante Pilar González de Frutos.
UNESPA Y LA POSICIÓN DE ESPAÑA
Fue hace más de dos décadas cuando, a modo de ejemplo, Unespa comenzó a sentir en sus ‘carnes’ esta particular sordera por parte de los políticos y otros agentes económicos y sociales. Por aquel entonces se puso en marcha el Fichero Informativo de Vehículo Asegurados que destapó la existencia de unos 100.000 vehículos que circulaban sin el pertinente seguro.
Unespa puso el dato sobre la mesa para denunciar el riesgo que suponía para la circulación rodada con el consiguiente ‘efecto colateral’ de producción de víctimas. “Todo lo que consiguió Unespa fue, sin embargo, ser acusada de querer incrementar sus beneficios”, afirmación ésta realmente temeraria”, se lamenta Pilar González de Frutos. Y añadió: “El que gana con un correcto aseguramiento no es necesariamente el sector, sino la economía y la sociedad en su conjunto”.
¿Y en qué situación se encuentra España según sus niveles de aseguramiento? Según el ´Índice Global de Potencial Asegurador’ elaborado por el Servicio de Estudios de Mapfre, España ha perdido cuatro puestos en el ranking de Vida durante la última década. “España e Italia se han visto particularmente afectados por el entorno de bajos tipos de interés. Ganaron puestos Japón y Reino Unido”, señala Manuel Aguilera, director general del Servicio de Estudios. En el ramo de No Vida, España se mantiene en la séptima posición.
En el citado estudio de Mapfre también se tiene en cuenta lo que denominan la Brecha de Protección del Seguro (BPS). Se trata de la diferencia existente entre la cobertura de seguros que es económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad, y la cantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida. BPS lo que hace es estimar el número de años que cada país necesita para cerrar dicha brecha. España, en Vida, necesitaría una década. En No Vida, menos de un año. En Unespa, si los políticos escucharan, están convencidos de que sería menor.