La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 10.867 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes de 2021, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha precisado que, en términos homogéneos, el aumento del gasto es del 4,5% interanual.
El gasto total de pensiones en España fue de 10.867,05 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,19% con respecto al mismo mes del año pasado. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 7.871,49 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (1.833,26 millones de euros), incapacidad permanente (983,33 millones), orfandad (150,5 millones) y las de favor familiar (28,47 millones).
En septiembre de 2022 se han registrado 9,95 millones de pensiones, lo que representa una variación de 0,79% comparado con el mismo mes de 2017. Sin embargo, la cifra total del gasto en pensiones supone una caída del 0,3% con respecto a abril, siendo el primer retroceso mensual de la serie histórica.
REFORMA DE LAS PENSIONES
Hace ya bastante años que el sistema público de pensiones acarrea con más problemas de los que puede sostener. Recortes, descenso de los ingresos destinados a la “hucha”, bajada en las cotizaciones y el gran desafío social del s.XXI: la transición demográfica. Una lucha complicada para la que no llegan las soluciones pero que, sin embargo, podría estar repleta de nuevas oportunidades.
Una de ellas sería elevar la edad de jubilación, pero la referida a la edad efectiva real. A día de hoy los españoles rondan los 64 años cuando comienzan su retiro laboral, una edad inferior a la establecida legalmente. Es por esto ya está encima de la mesa de la nueva Reforma de las Pensiones el aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años. Siendo así los años de cotización serán mayores y por tanto los ingresos a la hucha de las pensiones también.
España es uno de los grandes países ejemplares en cuanto al sistema público español, pero actualmente son totalmente inasumibles. Y más teniendo en cuenta la media de la esperanza de vida nacional: 79 para los hombres y 85 para las mujeres, una diferencia de unos 20 años con respecto a la edad de jubilación. El problema se encuentra cuando fuentes oficiales indican que el Plan de Pensiones Público solo puede sostener hasta 12 años.
La actualidad más reciente pasa por el ministro de Seguida Social, José Luis Escrivá quien ha asegurado que propondrá ampliar la base y la pensión máxima en 30 años para lograr cubrir el gasto total de las pensiones y aumentar los ingresos de estas. Todo dentro del contexto de la ronda de negociaciones con agentes sociales y económicos que el ministro está llevando a cabo para sacar a delante el segundo paquete de la reforma de las pensiones
LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
La crisis económica actual no es más que el resultado de la anterior crisis sanitaria de la COVID-19. Aunque está última cada vez tiene menos pesos sus consecuencias han sido desastrosas a nivel mundial. Una de esas consecuencias fue el descenso de beneficiarios de las pensiones públicas. No obstante, este hecho no es algo habitual en los datos que publica periódicamente el Ministerio de Seguridad Social. Desde el año 2010 el gasto de las pensiones supera con creces los ingresos y aportaciones a las mismas, o previsiones de aumento exponencial de aquí a 10 años.
Es más, para el año 2030 se espera que el 25% de los españoles tenga más de 65 años. Eso se traduce en dentro de una década 3 de cada 10 personas se englobarán dentro de la tercera edad y, con toda probabilidad, ya estén jubiladas. Por su parte, tan solo el 27% tendrá menos de 30 años. Con lo cual el 48% de la población española se encontrará en la denominada edad media, según el Instituto Nacional de Estadística
Si además confiamos en el avance imparable de las nuevas tecnologías en campos como la medicina y la ciencia es bastante presumible que además de vivir más años lo hagamos con mucha mejor salud. Con lo cual subir la edad de jubilación no parece del todo descabellado. Aunque siempre tendrán que salir las cuentas entre población activa y aportaciones a las pensiones públicas.
En caso de no ser así, no solo existiría un problema con las “huchas” sino que también se generaría un impacto económico a nivel nacional sobre el PIB per cápita (bienestar individual) y también sobre el PIB total. El informe España 2050 presentado hace un año por el Gobierno de España lo deja bastante claro: “nuestro país debe preparar un nuevo estado de bienestar para una sociedad más longeva”.
