La plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb generó una actividad económica de 780 millones en Madrid durante 2018, un 75% más que en 2016. Y lo hizo a pesar de todos los obstáculos que la compañía se está encontrando por el camino, especialmente en esta ciudad.
La confusa normativa no se lo está poniendo fácil a las plataformas de las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Las competencias en esta materia corresponden a las Comunidades Autónomas, pero los Ayuntamientos también pueden intervenir en ordenanzas urbanísticas. Sin una normativa homogénea, la polémica está servida.
El Ayuntamiento de Manuela Carmena manifestó el verano pasado su intención de prohibir el 95% de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Madrid a través del Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje. La medida se justificó por “la intensa subida del precio del alquiler y el despoblamiento del centro de la ciudad”. Una regulación «desmesurada e injustificada», según la calificó Airbnb, pues las VUT representan únicamente el 0,54% del total de viviendas de Madrid y el número de empadronados ha incrementado en estos últimos años en la capital.
“No es tanto Carmena, sino el gobierno que recibe presiones internas porque está formado por muchos intereses y pone en picota a las VUT para contentar a estos intereses. 600 alegaciones hemos contado contra la norma”, declaró en una entrevista a este medio Adolfo Merás, presidente de la asociación Madrid Aloja.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconocía en el Senado hace unos meses que “es el Estado el que debería tratar de armonizar y fijar criterios” para solucionar esta problemática.
NORMATIVA CONFUSA
Un decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de marzo establecía determinadas condiciones para las viviendas turísticas. Una de las cláusulas es que a partir de ahora, los VUT deberán figurar obligatoriamente en los canales de oferta turística.
Además, las comunidades de propietarios -por mayoría 3/5 de sus componentes- podrán incrementar hasta un 20% las cuotas de los pisos turísticos en los gastos comunes del inmueble, e incluso “limitar o condicionar el ejercicio de su actividad”. Además, somete a todo este tipo de inmuebles “a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística”.
Esta entramada normativa favorece a las hoteleras, que se quejan desde hace algún tiempo de “competencia desleal” por parte de estas plataformas. Señalan que estas aplicaciones no están sometidas a los mismos requisitos y obligaciones, lo que tachan de injusto y exigen que se establezca una «normativa estatal severa y uniforme».
75% MÁS QUE EN 2016
A pesar de todas las trabas, intento de prohibiciones y piedras del camino, Airbnb cerró el año pasado con un incremento del 75% en su actividad económica respecto a 2016.
La preferencia por alojarse con un anfitrión local sigue creciendo para los visitantes de Madrid. Más de 1,2 millones de huéspedes se alojaron en la capital a través de Airbnb. Los españoles, franceses, estadounidenses y latinoamericanos son los ciudadanos que más usan esta plataforma, según datos a los que ha tenido acceso este periódico.
Gracias a estas visitas, los anfitriones madrileños ingresaron 132 millones de euros. Por su parte, la oferta de ocio de Madrid, donde se incluyen bares, comercios o restaurantes cerró la actividad con un ingreso de 648 millones de euros.
Madrid se proclama como la ciudad que más utiliza la plataforma para viajar, registrando un aumento del 82% de usuarios respecto a 2016. Es decir, casi tantos madrileños usaron la plataforma para visitar otros lugares, como turistas visitaron Madrid a través de Airbnb. A través de estos datos se confirma que el home sharing es una de las opciones preferidas por los ciudadanos de todo el mundo para viajar.
