El PP buscará apoyos este martes en el Pleno del Congreso para exigir al Gobierno que ajuste al menos los tres primeros tramos del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF), fijar temporalmente un nuevo mínimo personal exento y actualizar la tabla de retenciones.
Así, para la primera sesión plenaria del nuevo período de sesiones tras el parón vacacional los ‘populares’ han decidido someter a votación en la Cámara una de las medidas fiscales planteadas al Gobierno para afrontar la crisis de precios, contenida en una proposición no de ley.
Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, defendió la semana pasada la iniciativa en rueda de prensa como «una propuesta seria, eficaz y de aplicación inmediata» para proteger las rentas de los ciudadanos.
Con su iniciativa, registrada a finales del pasado julio y recogida por Europa Press, los ‘populares’ reclaman deflactar el IRPF ajustando al menos los tres primeros tramos –hasta ingresos de 40.000 euros, dijo Gamarra–, establecer un nuevo mínimo personal de carácter temporal, que decrezca conforme aumente la renta, y actualizar la tabla de retenciones.
EL PSOE LO APOYA EN PAÍS VASCO Y NAVARRA
En su iniciativa, el PP recuerda los diferentes intentos de llevar a cabo esta medida, incluyendo una proposición de ley que no llegó a debatirse por el veto del Gobierno –tiene potestad para desechar cualquier iniciativa que merme sus ingresos o implique más gasto del presupuestado– y una propuesta de resolución en el último Debate sobre el estado de la nación.
En este caso, la propuesta de los ‘populares’ fue rechazada con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos y la abstención del PNV, algo que considera «sorprendente» en el caso del socio mayoritario del Gobierno al destacar que en País Vasco y Navarra, donde gobiernan, han anunciado medidas similares.
«No podemos entender que lo que el PSOE y el PNV quieren para los 2,2 millones de residentes en el País Vasco se lo nieguen a los más de 44 millones de españoles que residen en el resto de comunidades de régimen común«, enarbolan desde el PP, que ven en esta diferencia «una clara discriminación entre unas personas y otras en función de donde residen y, peor aún, de los intereses partidistas del Gobierno».
