Inspección de Trabajo ha obligado a la multinacional del comercio electrónico Amazon a reconocer como empleados por cuenta ajena y no como autónomos a los repartidores de su servicio Flex en Vigo, tras varias denuncias planteadas por el sector del transporte de UGT en la ciudad olívica.
Según la resolución, Inspección de Trabajo ha ordenado a la empresa a que curse el alta retroactiva de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, al considerar que la forma social de trabajador autónomo está «vacía de contenido», ya que los repartidores carecían de «toda capacidad de generar beneficios ni tampoco de crearse una clientela propia».
Sin embargo, considera que sí existe una relación de «subordinación», definida como la realización de un trabajo bajo la autoridad de un empleador con capacidad de dar órdenes, controlar la ejecución de estas instrucciones y sancionar su incumplimiento.
Todo ello tras varias reclamaciones presentadas por UGT, en las cuales se denunciaba que Amazon usaba particulares en sus servicios de reparto Flex.
DENUNCIA DE UGT
«La multinacional del envío a domicilio había creado este novedoso sistema por el cual ofrecía a los particulares la posibilidad de aumentar sus ingresos mediante el reparto de sus paquetes empleando sus vehículos particulares», han criticado desde el sindicato, que denunció que no se ajustaba a la legalidad y que la relación entre estas personas y Amazon era «una clara relación laboral».
A raíz de la denuncia, la compañía paralizó este sistema, llevado a cabo desde que instaló su centro de distribución en la localidad pontevedresa de O Porriño. Ahora, Inspección de Trabajo de Vigo ha resuelto que estos particulares eran trabajadores de Amazon, por lo que la firma debe abonar las cotizaciones de los mismos en el Régimen General de la Seguridad Social.
En concreto, son unos 80 afectados y tras más de 30 entrevistas, Inspección de Trabajo ha decidido que la relación entre ellos y la empresa era laboral y no mercantil.
Desde UGT han celebrado esta resolución y han reivindicado que estas actuaciones ponen freno «a quienes pretenden imponer en la sociedad un modelo de relaciones laborales precario, abusivo y sin derechos».
