La Ley de Vivienda continúa estancada. El Gobierno ya se come la uñas porque octubre está a la vuelta de la esquina y el Ejecutivo se comprometió con Bruselas a que la medida entraría en vigor en el décimo mes del año. Sin embargo, la norma continúa reclusa en el Congreso porque PSOE, Podemos y ERC no son capaces de ponerse de acuerdo.
Ha pasado una semana desde que arrancara la nueva negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. A parte de las conversaciones para tratar los temas de gasto en defensa y la Ley Mordaza, comienza la recta final para la Ley de Vivienda. Los morados han aumentado sus fuerzas a la hora de presionar a Pedro Sánchez para reabrir la negociación. Junto con los republicanos, exigen que se profundice en algunos aspectos de la ley. Concretamente en tres: la regulación de precios del alquiler en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, es decir, grandes y pequeños tenedores; que la totalidad de viviendas de la Sareb han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler; y la prohibición de desahucios en España de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse.
Límites a los precios del alquiler
Se trata de la condición más enrevesada y difícil de cumplir, sobre todo porque fue el tema que mantuvo en vela a el PSOE y Unidas Podemos en las tan longevas negociaciones que mantuvieron para llegar a un proyecto que presentar al Congreso. Sánchez se impuso hasta el último momento a establecer medidas que obligaran a rebajar los precios a los pequeños propietarios que alquilan sus pisos en zonas especialmente tensionadas, y finalmente se acordó que esta rebaja solo tendrían que cumplirla empresas y fondos de alquiler.
Ahora, en el nuevo debate en el que quiere profundizar Podemos, las personas físicas, tengan los pisos que tengan en alquiler, solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo subirlos hasta un 10% según el escenario.
Pisos de la Sareb para alquiler social
Los morados también aspiran a que la totalidad de viviendas de la Sareb estén incluidas en el parque público de vivienda en alquiler. Esto viene de una propuesta que ya pusieron sobre la mesa en marzo del pasado año. Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y líder de la delegación de Unidas Podemos en la negociación con el PSOE para la ley de vivienda, insistía en que el Estado debe forzar a los grandes tenedores de vivienda a poner al menos una parte de sus inmuebles en régimen de alquiler social. Belarra aseguró que su departamento llevaba «meses» proponiendo a los socialistas que «la Sareb rinda cuentas y la ciudadanía sepa de cuántas viviendas dispone» para, una vez hecho este cálculo «poner, al menos, el 75% en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en alquiler».
el Ejecutivo se comprometió con Bruselas a que la medida entraría en vigor en octubre
El PSOE rechazó esta idea y ahora, la propuesta aún va más allá porque en un principio solo se proponía que la Sareb esté obligada a alquilar a precio regulado el 75% de sus pisos.
Prohibir los desahucios de familias vulnerables
Unidas Podemos también espera que la ley recoja la «prohibición de desahucios en España de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse». De esta forma, la normativa de emergencia aprobada a causa de la pandemia se convertiría en una ley regular. Esta medida quiere evitar lo ocurrido en la crisis de 2008 con el aumento de lanzamientos.
La mirada puesta en los presupuestos
La ministra Belarra ha destacado hace unos días en televisión que «si se cumplieran estos tres elementos dentro del texto legislativo, sería cuestión de días que pudiéramos cerrar un acuerdo, sería mucho más fácil aprobar esta ley».
La Ley de Vivienda es una de las condiciones de Unidas Podemos para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y si se quiere obtener el apoyo de los partidos ERC y EH Bildu, es necesario que el PSOE entre a profundizar en estas cuestiones.
Belarra ha señalado directamente al PSOE como el culpable de que la Ley de Vivienda aún no esté aprobada y también ha considerado que es necesario «hacer los textos legislativos atractivos para que la mayoría progresista en el Congreso lo pueda aprobar».
El proyecto de la Ley de Vivienda incluye medidas como la regulación del precio del alquiler en áreas tensionadas y ha recibido muchas críticas por parte del sector inmobiliario, de los expertos fiscales de Hacienda y varios partidos de la oposición, que hablan de un ataque a la propiedad privada y a una irrupción de competencias autonómicas.
