El Institut Agrícola considera que estamos más cerca hoy que antes de ser sancionados por la Comisión Europea tras la propuesta de Acuerdo de Gobierno para la ampliación a 2.300 hectáreas de la zona protegida ZEPA del Baix Llobregat. No resuelve el procedimiento abierto con la Comisión Europea, ya que sólo explicita medidas en cuanto al cuarto de los puntos, manteniendo abiertos los otros tres
incluidos como fundamentales en la carta de emplazamiento al Reino de España.
Con este borrador de Acuerdo de Gobierno sometido a consulta pública durante sólo dos meses (un período insuficiente para un proceso de la complejidad de éste) nos arriesgamos a que la Comisión Europea sancione a España por no solventar lo que la carta de emplazamiento nos exige. Pero, al mismo tiempo, el Govern prosigue con un proceso viciado y con información engañosa, ya que el proceso de información pública está basado en un engaño porque la información no es la misma. De hecho, es radicalmente distinta tanto en materia de extensión de la nueva ZEPA como también por su demarcación y territorios afectados.
El Institut Agrícola manifiesta su perplejidad ante otro incumplimiento más de la palabra dada por el Departament d’Acció Climàtica en lo relativo a la respuesta necesaria al procedimiento abierto por la Comisión Europea ante la grave situación ecológica del Delta del Llobregat. Traicionando su compromiso de que no habría Acuerdo de Gobierno para la ampliación de la ZEPA hasta que no hubiese un mínimo consenso entre los agentes implicados, acaba de someter a información pública en pleno mes de agosto una propuesta de Acuerdo de Gobierno plagada de falsedades, manipulaciones y lugares comunes.
Tras un ejercicio notable de reescribir su propia historia que es la de no haber hecho nada por evitar el deterioro de los espacios naturales, la Conselleria dirigida por Teresa Jordà señala en la propuesta de Acuerdo de Gobierno como urgente, y carente de alternativa esta ampliación de la ZEPA, haciéndola coincidir con una ampliación del LIC por el mismo número de hectáreas totales (2.381) y colocando de manera auxiliar y futurible la definición de un Plan de Protección intentando pasar como equivalente al Plan de Gestión obligado por parte de las Directivas comunitarias y del cual no se ha presentado información pública ni una sola línea, ni se pretende que salga ya que se menciona explícitamente que se redactará y tramitará.
En este sentido, el Institut Agrícola denuncia la falta de transparencia y la ausencia del rigor técnico mínimo en toda la propuesta realizada, además de la falta de seriedad a la hora de establecer mediante un anexo unas pautas de ordenación extraordinariamente restrictivas e incoherentes con la gestión de espacios protegidos que se hace en otros territorios.
Tristemente, los empresarios en Cataluña estamos acostumbrados a que se pisotee el derecho a la propiedad privada sin ambages. Sin embargo, todo tiene un límite, ya que en este caso ni siquiera existe la más mínima garantía científica de que se vaya a revertir una situación de continuo deterioro que viene arrastrándose en el Delta del Llobregat desde hace más de 20 años. Incluso, la ampliación que se plantea es contraproducente, ya que la inmensa mayoría de las hectáreas que se quieren proteger no son hábitat de ninguna ave esteparia amenazada, ya que no son humedales ni tierras donde exista censo y condiciones para su desenvolvimiento.
Por supuesto, tal como marca la Ley vigente, esta institución participará del proceso de consulta pública, manifestando las gravísimas deficiencias y la inseguridad jurídica en que está transcurriendo este procedimiento.
