La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este martes que la proposición de ley que está preparando su departamento para aprobar el nuevo impuesto a la banca se tramitará como una ley ordinaria, y no orgánica, de forma que descarta que vayan a incluirse penas de cárcel por el incumplimiento de la medida.
«No considero que el Código Penal sea el lugar adecuado desde el cual se pueda sancionar a las empresas por comportamientos que no estén conforme a las leyes», ha asegurado la titular de Hacienda en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, preguntada por las declaraciones de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, en las que pedía imponer penas de hasta diez años de cárcel para directivos de grandes empresas que repercutan los gravámenes a los usuarios.
En este sentido, Montero ha señalado que la ley será «básica, ordinaria» y que cualquier reforma del Código Penal «requeriría de una ley orgánica». «No es este el lugar en donde habría que incorporar nada respecto a esta cuestión», ha añadido.
Lo que sí hará Hacienda será incluir en la propuesta una prohibición para impedir que las entidades trasladen al usuario final el nuevo gravamen. Además, Montero ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya cuenta con mecanismos para sancionar «cuando alguien no cumple con la legislación o se aparta de las reglas del mercado.
El Gobierno prevé que esta semana se presente una proposición de ley ante el Congreso de un nuevo impuesto al sector financiero, que sería temporal y extraordinario, para recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Esta proposición de ley tendrá, por lo tanto, trámite parlamentario y los grupos parlamentarios podrán aportar sus enmiendas al texto.
Montero ha dejado claro que en los próximos Presupuestos se incluirán ya los ingresos previstos de estos dos nuevos tributos: el impuesto a la banca y a las empresas energéticas.
