Endesa detectó cerca de 65.000 fraudes eléctricos en 2018 y recuperó 601 millones de kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante seis meses.
El uso de las nuevas tecnologías y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los ciudadanos están permitiendo reforzar la lucha contra este grave problema. Solo en el último año, las denuncias de ciudadanos ayudaron a destapar cerca de 4.000 fraudes.
Durante el pasado ejercicio, cuatro de cada diez inspecciones realizadas por la compañía concluyó con la detección de fraudes. En el 48% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato y el resto, a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.
Endesa detectó cerca de 65.000 fraudes eléctricos en 2018 y recuperó 601 millones de kWh defraudados
Al margen de estas cifras, es importante destacar que el fraude eléctrico es, sobre todo, un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que le rodean. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de incendios y descargas provocadas por la manipulación de las instalaciones.
Otro factor que agrava el problema del fraude es el crecimiento de los cultivos de cannabis que se ha producido en los últimos años. Estos cultivos van frecuentemente acompañados de enganches ilegales a la red eléctrica, que pueden llegar a generar importantes interrupciones de suministro a los nucleos de población en los que se llevan a cabo. Una vivienda utilizada como plantación “indoor” de marihuana consume el equivalente a 20 viviendas y la concentración de estos cultivos en determinadas zonas llega a saturar la red.
El fraude eléctrico supone un perjuicio para toda la sociedad, ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores y puede poner en riesgo tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de los clientes.
Además, en contra de lo que podría creerse, el grueso del fraude eléctrico en España lo cometen grandes consumidores, tanto empresas de sectores industriales y de servicios como negocios y o domicilios particulares con consumos elevados.
